Podemos estar de acuerdo en que individuos menores de 18 años son criminales porque la sociedad no les ha entregado oportunidades para salir de la pobreza, la droga o la marginación. Podemos convenir en que su reinserción en la comunidad es posible con la ayuda del Estado y de instituciones profesionales. Podemos apostar a cambios y reformas en los sistemas educativos para preparar mejores ciudadanos. Podemos, en fin, esperar las recomendaciones de expertos y sus teorías explicativas de este fenómeno. En esta espera se encontraba el niño Alejandro, de apenas 12 años, cuando fue asesinado por una pandilla de menores.

Subsiste en Chile un sistema penal corrompido en su base, cuyo diseño considera organismos tan incapaces e incompetentes como el Sename, sumado a leyes mal construidas que, al final del día, fomentan la comisión de delitos. La justicia debe aplicar dichas leyes, y en consecuencia actúa con un rigor que atiende más a la edad del delincuente que a la magnitud de su crimen, por horrendo que sea. La sociedad queda expuesta a la ferocidad y violencia de menores y el sistema nos dice que hay que aceptarla. Así pues, frente al estremecedor asesinato del niño Alejandro, apenas cabe esperar reclusiones pasajeras, arraigos nocturnos, penas que se borran al cumplir la mayoría de edad. En pocas palabras, hay en todo esto una enfermedad social. La minoría de edad es una garantía de libertad o, mejor, de impunidad para un delincuente.

Es importante subrayar que los crímenes como el del niño Alejandro los cometen bandas que se han organizado meticulosamente y que planifican sus delitos con frialdad. Sin lugar a duda, el plan contempla los favores que les conceden las leyes. Algunos, como se sabe, suman decenas de detenciones, incluyendo homicidios. Saben que gozarán de libertad en corto tiempo, de que no existe contra ellos un sistema eficiente de reclusión y sanción y que las leyes, hasta la más importante como es la de la vida, están para violarlas.

Está empezando un nuevo gobierno cuyo lema es el de la seguridad. No esperamos, desde luego, que mañana modifique las normas penales ni que transforme los actuales organismos a cargo de menores en entidades eficientes de un momento a otro. El Presidente Kast dijo que desearía que los asesinos estuvieran presos de por vida. Esa indignación que compartimos los chilenos ha de tener algún cauce inmediato. Creemos que Presidente comprende bien que no se puede unir a la fila de quienes se lamentan y ofrecen soluciones demagógicas. Y también de seguro sabe que no es a los ciudadanos a quienes les compete -y ojalá no llegue el momento- de tomar cartas directas en el asunto. Es, ante todo, una cuestión de Estado, más urgente que cualquier otra medida.

Es penoso cuando en estas circunstancias las personas mayores empezamos a recordar las cosas buenas que pasaban antiguamente. Cuántas familias no querrían que sus hijos se durmieran con el único temor de soñar con la vieja bruja y su escoba roñosa o con el lobo que asola el bosque encantado y no, como ocurre hoy, con la angustia de sus padres pintada en sus ojos.

Por Álvaro Ortúzar, abogado