Hablar de conflicto de interés significa poner atención a un riesgo silencioso, de esos que no aparecen a simple vista, pero que tienen el poder de desvirtuar decisiones, alterar procesos y erosionar la confianza. Es esa línea casi invisible que separa lo profesional de lo personal, lo institucional de lo privado, el deber del cargo de las lealtades o vínculos que cada persona acumula a lo largo de su vida.

Y no es algo lejano ni excepcional. Todos vivimos rodeados de relaciones, redes y cercanías que, en algún punto, pueden cruzarse con decisiones relevantes. Lo determinante no es la existencia de esos vínculos, sino la forma en que los manejamos. Hay una diferencia enorme entre dejar que la cercanía se imponga y asumir el riesgo con transparencia a declararlo y tomar distancia cuando corresponde. Ahí se juega la frontera entre una relación legítima y una decisión que pierde integridad. Parece evidente, pero no todos lo comprenden (o prefieren no hacerlo).

Aunque un conflicto de interés no constituye un delito, sí configura una situación de riesgo que puede escalar si no se gestiona correctamente. Y sobran ejemplos, especialmente en los titulares de estos días.

En el caso Audio, la mezcla entre los intereses personales, profesionales y comerciales de Luis Hermosilla y las funciones públicas de jueces y fiscales, evidenció con total claridad cómo una relación de cercanía puede convertirse en un riesgo institucional, llevando al Poder Judicial a una de las crisis más profundas de su historia reciente. Cuando quien ejerce poder público -especialmente en el ámbito judicial- mantiene vínculos estrechos con alguien que tiene intereses directos en causas en curso, se abre la puerta a influencias indebidas, como acceso a información privilegiada, intervenciones informales en procedimientos o presiones que comprometen la imparcialidad. Ese solo riesgo, incluso antes de que algo ocurra, ya es suficiente para erosionar la confianza en el sistema.

En la trama bielorrusa ocurre algo similar. Las investigaciones revelarían gestiones orientadas a obtener fallos favorables mediante relaciones informales con jueces. Si bien el eventual pago de sobornos es el hecho ilícito visible, el origen del problema está antes: en los vínculos que generan incompatibilidades, zonas grises y un terreno fértil para que intereses privados intenten capturar decisiones públicas.

Esa dinámica es la que terminó con la destitución de los ahora exministros Ángela Vivanco, Antonio Ulloa, Verónica Sabaj y Diego Simpertigue. Votar en causas donde existían lazos evidentes como relaciones cercanas con abogados, viajes en familia, celebraciones compartidas, no era solo imprudente -incluso si nunca hubiera existido un soborno de por medio-, era éticamente indefendible. Lo correcto, y lo lógico, era inhabilitarse. No hacerlo debilitó la legitimidad de sus decisiones y profundizó la percepción de que ciertas cercanías pesan más que el deber del cargo.

Mucho de esto descansa en la percepción, porque no se trata solo de lo que efectivamente ocurrió, sino de lo que la ciudadanía puede razonablemente creer que ocurrió. La apariencia de una conducta inapropiada puede dañar la confianza pública tanto como el hecho mismo.

También conviene recordar que nada es blanco o negro. Todos tenemos vínculos que pueden generar conflictos de interés, y eso no es negativo por sí solo. Lo importante es declararlos, inhabilitarse cuando existan vínculos que exceden lo estrictamente profesional -especialmente si la decisión puede afectar directa o indirectamente a personas o entidades cercanas- y transparentar la relación. Incluso, si no hubiera la intención de influir, la mera participación puede ser éticamente incorrecta porque distorsiona la percepción de imparcialidad y debilita la confianza. En Chile, la Ley de Lobby obliga a los funcionarios públicos a transparentar sus vínculos e interacciones precisamente para evitar esa percepción de cercanía indebida y asegurar que las decisiones se adopten con independencia y plena integridad.

Cuando un abogado influyente conversa informalmente con fiscales sobre causas sensibles, cuando jueces votan en asuntos que involucran a amigos con quienes viajan en crucero, o cuando un Conservador de Bienes Raíces mantiene vínculos financieros y personales con políticos o funcionarios que luego intervienen en materias que lo afectan, la confianza pública no solo se debilita, se fractura. Por eso gestionar los conflictos de interés es esencial, porque al final, lo que está en juego no es solo la conducta de una persona, sino la credibilidad completa de nuestras instituciones.