Constitución y responsabilidad fiscal

SEÑOR DIRECTOR:

El debate constitucional que comienza tiene la oportunidad de mantener aquellas bases que han permitido conducir adecuadamente la política fiscal, como también reforzarlas. La responsabilidad y sostenibilidad son dos principios que hoy forman parte de una ley orgánica de responsabilidad fiscal. A continuación, enumero algunas razones de por qué elevar estos dos principios a rango constitucional:

(1) Los derechos sociales que se consagren solo podrán ser entregados en la medida que se cuente con recursos para financiarlos. En el marco de un Estado Social de Derecho, o la consagración de derechos sociales progresivos, deberán necesariamente conversar con la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, en el mismo rango legal. Además, favorece que en el proceso de redacción, se comprometan derechos sociales factibles de cumplir.

(2) La sostenibilidad fiscal acoge el principio de justicia intergeneracional en la provisión de derechos sociales. Al momento de diseñar y/o financiar las políticas públicas, actuales y futuras generaciones tengan las mismas oportunidades de beneficiarse, evitando que el bienestar que goce la generación presente sea a costo de las futuras generaciones.

(3) Los avances en descentralización se deben acompañar con mayor responsabilidad. Dotar a los gobiernos regionales de mayores competencias a nivel constitucional, conlleva aparejada una mayor responsabilidad de las autoridades regionales. Esto es, en el uso eficiente de los recursos públicos, la transparencia, rendición de cuentas y endeudamiento, asegurando la sostenibilidad de las finanzas locales.

(4) Nuestra madurez institucional en materia fiscal nos permite establecer compromisos fiscales explícitos en la Constitución. Como lo ha señalado el FMI, para países con similares niveles de madurez, es posible incorporar reglas fiscales numéricas en nuestra Constitución, con sanciones ante incumplimientos. Por ejemplo, un techo de deuda pública, con cláusula de escape ante eventos inesperados. Así, la política fiscal tendrá un ancla constitucional, que permite de manera responsable y sostenible la provisión los derechos sociales.

Elevar la responsabilidad y sostenibilidad fiscal a rango constitucional favorecerá que la Constitución vele que los derechos sociales a nuestros ciudadanos sean provistos de manera más eficiente, efectiva y sostenible. Tanto para las actuales y futuras generaciones, con las menores distorsiones posibles, promoviendo el crecimiento económico.

Matías Acevedo

Ex director de Presupuestos