Costos de implementar nueva Constitución


SEÑOR DIRECTOR:

Muy oportuno el ejercicio de un grupo de economistas de estimar los costos financieros adicionales para el Estado de implementar la nueva Constitución. En base a una metodología sencilla, pero robusta, distinguen los gastos anuales directos y permanentes de aquellos por una sola vez, cuya ejecución se supone “moderada” al distribuirse en 10 años. Se concluye que, en un escenario conservador, esto comprometería gastos fiscales anuales por 8,9% del PIB, es decir, U$28 mil millones, lo cual significa un aumento del 30% del actual gasto, o bien, en un escenario más holgado, 14,2% del PIB, esto es, U$45.000 millones, o sea, un incremento por sobre el 50% de dicho gasto.

La principal lección del estudio es bastante lapidaria. Son demandas fiscales tan elevadas que es francamente utópico que tamañas exigencias se puedan satisfacer en un plazo razonable. Actualmente, el presupuesto fiscal contempla un déficit efectivo y estructural que se mantendrá en los próximos años, lo que deja escaso margen para nuevos gastos que no cuenten con respaldo en nuevos ingresos, es decir, mayores tributos.

Por un lado, tenemos la reforma tributaria en trámite que recaudaría un 4%, sin embargo, hay dudas de alcanzar esa meta y, además, está reservada para otros compromisos, como la condonación del CAE, deuda histórica de profesores, etc. En consecuencia, cabe la pregunta, ¿cómo se financiarían estos nuevos derechos?, ¿una reforma tributaria por otro 10% del PIB?, ¿en el contexto de un país que dejó de crecer y cuya inversión se resentirá fruto de los cambios regulatorios del nuevo texto? Definitivamente, ¡no es creíble! En suma, se ofrece un texto que postula derechos sociales no financiables en el mediano plazo. Bueno, dirá usted, se podrían postergar esos derechos para más adelante. Pero cuidado, los artículos transitorios exigen al Congreso legislar sobre la mayoría de estos “derechos” en los próximos 4 años. Así las cosas, de ganar el Apruebo el país se verá enfrentado pronto a un complejo dilema: responsabilidad fiscal y frustración ciudadana o simple populismo.

Carlos Williamson

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