A Raskolnikov, el personaje de Dostoievski, lo consume la culpa. Se siente observado por la gente en la calle y perseguido por la policía. Lo atormenta su crimen. Es que, en su doble condición de asesino y estudiante de derecho, tiene una exacerbada conciencia de la sanción social que conlleva su delito. Él sabe que la pena no está -no podría estarlo- desconectada de la valoración que la comunidad tiene del homicidio cometido. Por el contrario, debido a que su conducta es grave y primariamente sancionada socialmente es que recibe reproche legal. Dos hechos recientes, uno en Chile y otro en Estados Unidos, muestran cómo se ha perdido la conciencia de ese principio básico.

En un lugar que recibe fondos públicos, a través del Ministerio de las Culturas, se homenajeó a uno de los asesinos del senador Jaime Guzmán. Con motivo del lanzamiento de un libro de su autoría y aplicando recursos aportados por todos los chilenos, se exalta la vida y la versión del delito contadas por quien es jurídicamente un criminal. Al aplicar recursos públicos pareciera que se nos dice que la condena judicial puede desconectarse del juicio de reproche social. Algo así como: “la justicia lo habrá condenado, pero la sociedad no” o, al menos, no con la misma intensidad.

Apenas ocurrido el atentado a Charlie Kirk entré a canales de televisión norteamericanos, la gran mayoría de los que vi informaban que “el activista de extrema derecha” había recibido un disparo en una universidad de Utah. La víctima no era definida como un joven padre de familia, ni como el activo defensor de sus ideales, ni como un líder que a sus escasos treinta y un años era un referente para parte importante de la juventud de su país. No, la noticia era que un desconocido había disparado a un extremista que defendía la tenencia indiscriminada de armas. Poco faltó para que dijeran: “murió en su ley”.

Ya sea por lo que se ha dado en llamar la “ideología woke”, por el predominio social de lo “políticamente correcto” o simplemente, porque ciertos grupos de izquierda han sido muy eficientes para lograr el predominio cultural de determinados puntos de vista, cada vez más se aprecia un desequilibrio en la manera como, en Occidente, se aplican principios fundamentales de un orden democrático liberal, tales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión o la noción de que el ordenamiento jurídico es el único marco que determina lo que es socialmente exigible.

Es difícil controvertir que en la actualidad hay víctimas de distinta categoría; así como hay discursos cuya expresión se defiende activamente, mientras otros con dificultad apenas se toleran. Se olvida que la existencia de normas de aplicación general, que establecen derechos y obligaciones exigibles para todos por igual, es la base de la paz social. Este es el fundamento ético y racional sobre el que se proscribe la autotutela, por lo que abandonarlo solo traerá frustración, incubará un creciente resentimiento y generará condiciones para que escale la violencia.

Por Gonzalo Cordero, abogado