Criterios de fiscalización de la FNE

El fiscal nacional económico formuló en días recientes una serie de apreciaciones en relación con la forma como se aprueban fusiones y adquisiciones en nuestro país, señalando entre otros aspectos que se evalúa reducir los umbrales para efectos de determinar qué operaciones entrarían a ser objeto de revisiones por parte de la Fiscalía. Según señaló, a raíz de la pandemia las empresas han reducido sustancialmente sus ventas, por lo que operaciones que antes serían objeto de evaluación -para efectos de determinar si afectan a o no la libre competencia- atendida esta nueva realidad hoy quedarían fuera de dicho control.

El fiscal también se dio tiempo para comentar la coyuntura, señalando que “no es de sorprender que se haya sostenido que los abusos empresariales, graficados principalmente en colusiones, fueron una de las causas del estallido social del 18 de octubre de 2019”, haciendo ver que las empresas no pueden ser indiferentes a la imagen que generen ante la ciudadanía.

Aun cuando la preocupación de la autoridad por velar para que la pandemia no se utilice como pretexto para llevar a cabo operaciones que puedan afectar la libre competencia, parece necesario que en el delicado contexto económico que ha provocado la pandemia, el ente fiscalizador tenga a la vista criterios más amplios para efectos de evaluar operaciones de fusión y adquisiciones. Es un hecho que esta difícil realidad se va a mantener por un largo tiempo -en este punto no hay certeza de cuándo podría atenuarse significativamente la amenaza del Covid-19-, y por lo tanto la autoridad tendría necesariamente que sopesar en sus decisiones no solo los aspectos relacionados con la libre competencia -algo desde luego fundamental para proteger los intereses de los consumidores y asegurar una sana competencia en el mercado-, sino también la sobrevivencia de las empresas.

Es relevante que todos los estamentos del Estado pongan lo mejor de sí para evitar cierres de empresas o mayor destrucción de empleo. La intención de bajar los umbrales de ventas para considerar la procedencia de una operación de fusión o adquisición, en la medida que sea el único criterio rector podría tener como efecto indeseable que ciertas operaciones no logren seguir a flote, algo que en las actuales circunstancias también debería ser tomado en consideración. Todo ello sin perjuicio de que si hay operaciones que puedan generar efectos duraderos en los mercados entonces el regulador no puede inhibirse de actuar.

El delicado contexto económico por el que atraviesa el país demanda contar con un marco regulatorio estable -ello resulta fundamental para la adecuada planificación de las inversiones-, por lo que debe evaluarse con detención si se justifica un cambio en las reglas como el que evalúa la FNE, considerando que existe la posibilidad de tratar en forma particular casos que se estimen complejos y que puedan estar bajo los actuales umbrales. Probablemente una mejor contribución en este momento sería que la autoridad procurara agilizar los procedimientos, de tal manera que las empresas que requieran urgentemente fusionarse o ser adquiridas, no se vean entrampadas producto de procedimientos engorrosos.