La opinión pública fue sorprendida tras la resolución del juez de San Antonio que dejó en libertad a dos personas que fueron detenidas por transportar armas en un auto, por estimar que en el procedimiento Carabineros excedió las atribuciones que la ley consagra al practicar un control. El hecho levantó una polémica de la que no quedaron ausentes el Presidente de la República y el ministro del Interior, quienes criticaron duramente al magistrado. Este caso se suma a otros en que el gobierno también ha formulado reparos al actual del Poder Judicial, por estimar que ciertas resoluciones garantistas ponen en riesgo la seguridad ciudadana.

Sin perjuicio de la atención que las autoridades deben prestar a la forma cómo se desarrolla el combate a la delincuencia y que existan señales claras contra ella, no parece razonable que públicamente el Poder Ejecutivo aparezca juzgando el criterio con que se resolvió una determinada situación -aun tratándose de una decisión controversial, como fue el caso de San Antonio-, generando confusión en cuanto a las esferas de competencia propias de cada uno de los poderes del Estado.

Junto con actuar firme ante la delincuencia -algo que la ciudadanía exige y valora-, es esencial hacerlo con la prudencia necesaria y usar los mecanismos que la propia institucionalidad procesal y penal consagra, como lo hizo la autoridad provincial posteriormente. Transformar el hecho en una pugna abierta de acusaciones, no hace sino desviar la atención de lo realmente relevante, que es la persecución y sanción del delito.