El estudio “Canasta de Crianza: su costo económico en Chile” (UNICEF y Ministerio de la Mujer, 2025) fija un costo promedio de $594.882 mensuales por hijo. Pero su metodología es insuficiente: usa la Canasta Básica Alimentaria —indicador de pobreza extrema— y valora el cuidado con el salario de trabajadoras de casa particular, uno de los más bajos del mercado formal.

El informe reconoce que no incluye vivienda ni otros ítems estructurales, por lo que la cifra queda muy por debajo de la realidad. En familias de clase media con gastos en salud, educación y vivienda, el costo mensual supera fácilmente los $800.000 o $1.000.000.

El riesgo central es que este dato pueda usarse en sede judicial como techo para las pensiones de alimentos. Ello desconoce que la Ley 21.484 obliga a valorar el trabajo de cuidados como un aporte equivalente a las necesidades de los niños. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones ya han reconocido en su jurisprudencia reciente que el cuidado tiene un valor económico efectivo y debe incorporarse al cálculo de los alimentos.

La brecha se vuelve crítica en los hogares monoparentales, usualmente encabezados por mujeres. Muchas veces el ingreso no alcanza ni para cubrir la cifra oficial y, si el otro progenitor incumple, la carga se multiplica: más de 250.000 personas figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con deudas que superan los $98.000 millones.

La ENUT 2023 muestra que las mujeres dedican dos horas diarias más al cuidado no remunerado. Reducir ese aporte al mínimo invisibiliza su costo de oportunidad y afecta su autonomía económica.

Si esta cifra mínima se usa en tribunales, no se protegerá a los niños, sino que se legitimará la precarización de la infancia y de quienes sostienen su cuidado.

Por Javiera Fuller Uribe y Alexandra Maringuer Pastene, Estudio Maringuer, Fuller y cía, dedicado especialmente al derecho de familia y protección de la infancia.