Este domingo se cumplen siete años de la brutal quema del Metro de Santiago, quizá el hito más emblemático (aunque en ningún caso el único) del 18-O. Fue tal magnitud de la violencia, que resulta tentador —y hasta cierto punto comprensible, sobre todo en el caso de quienes sufrieron la violencia en primera persona— reducir la crisis de octubre de 2019 a esa variable. Pero bien miradas las cosas, se trató de un fenómeno más complejo. Como alguna vez dijera Sergio Micco, por aquellos días director del INDH, Chile experimentó al menos cuatro estallidos en uno.

El primero consistió precisamente en la inédita expresión de destrucción, saqueo, vandalismo y pillaje. Esta fue la dimensión más visible y cruda de la crisis, cuya persistencia ayuda a comprender por qué el estallido envejeció tan mal (baste recordar que para el primer aniversario del 18-O la quema de iglesias alcanzó una triste notoriedad). Aunque el posterior crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda exige indagar en las eventuales influencias foráneas de la crisis, hasta ahora no existen pruebas de una gran conspiración ni nada semejante. En rigor, todo indica que se trató de un fenómeno multifactorial. Así lo sugieren tanto las investigaciones de la fiscalía como la documentada percepción del hoy ministro Iván Poduje, quien recorrió las calles esos lúgubres días y plasmó sus conclusiones en la crónica Siete Kabezas. Esto sólo confirma la necesidad de más estudios en torno a la violencia, sus antecedentes, efectos y correlaciones (en términos cronológicos “post estallido aparece la criminalidad transnacional”, afirmó recientemente el fiscal Héctor Barros).

Hoy la ciudadanía manifiesta un claro rechazo a la violencia en las distintas mediciones disponibles, pero ello no debería llevarnos a olvidar que el escenario era diferente siete años atrás. Aquí reside el segundo estallido o, si se prefiere, aquello que Daniel Mansuy llamara el enigma de octubre. En efecto, y por más ingrato que sea recordarlo, al día siguiente de la quema del Metro la ciudadanía no se despertó clamando orden de inmediato —eso vendría un par de años después—, sino avalando de modo más o menos masivo lo que ocurría. Ello explica la dimensión pacífica de la protesta, que también existió y que sigue siendo el rostro más incómodo de la crisis para las derechas. La pregunta acerca de por qué un país que vivió décadas de prosperidad y tuvo un desempeño indudablemente destacado en comparación con el resto del continente reaccionó inicialmente de ese modo también exige más estudio e investigación.

El tercer estallido remite a los abusos policiales y la incapacidad del Estado chileno de controlar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos. Quienes denunciaron una violación sistemática de tales derechos y afirmaron oportunista e infundadamente que el expresidente Piñera o sus ministros articularon algo así como un aparato represivo propio de regímenes dictatoriales sin duda faltaron a la verdad, pero se aprovecharon de un hecho que, mal que pese, sí tenía fundamento: nuestras policías no estaban preparadas para lo que enfrentaron, y existieron casos objetivos de violencia innecesaria y otros delitos. En rigor, ni esto ni los traumas oculares fueron un invento de bolcheviques afiebrados. Que recién ahora, siete años después, se aprueben por parte del Congreso las reglas de uso de la fuerza revela hasta qué punto el sistema institucional ha descuidado a las fuerzas armadas y de orden.

Ese abandono conecta con el último estallido, el más grave en términos políticos: el triste comportamiento de nuestra dirigencia política, particularmente de la oposición de la época. En el momento más crítico del Chile posdictadura, se apostó por debilitar o derechamente botar al legítimo gobernante electo en las urnas, instrumentalizando los tres estallidos anteriores, tal como muestra el devenir de los hechos retratados en el libro Dignos, de Pablo Ortúzar. En concreto, algunos soñaron con la caída del expresidente Piñera a partir del vandalismo callejero (y hoy sabemos que una turba estuvo a minutos de llegar a La Moneda). Otros pidieron su renuncia desde el 19 de octubre. La mayoría de la oposición avaló una acusación constitucional luego del Acuerdo del 15-N. Y la mayoría de los senadores del mismo período estuvo por aprobar otra acusación constitucional a fines de 2021 (al expresidente Piñera sólo lo salvó el cuórum exigido para destituir al Presidente de la República).

Fue, en suma, un momento rigurosamente destituyente y antidemocrático. Cómo y por qué la centroizquierda pasó de luchar por la democracia a aceptar (o promover) todo esto también exige mayor estudio, reflexión e investigación.

Por Claudio Alvarado Rojas, director ejecutivo del IES.