Cuando le avisaron que había ganado el Nobel de la Paz, Navi Pillay dijo que le sorprendía que la premiaran por su valentía: “¿Por qué haría falta coraje para decir la verdad? Uno interpreta el derecho, mira todos los hechos, y toma una decisión imparcial”. En esa frase cabe su trayectoria. Y también la razón del premio.

En 1973, en pleno apartheid, esta abogada sudafricana le ganó un juicio al régimen por algo que hoy parece obvio y entonces no lo era: que los presos de Robben Island, Mandela entre ellos, tenían derecho a un abogado.

En Ruanda, en 1994, fueron asesinadas cerca de 800.000 personas y cientos de miles de mujeres y niñas fueron violadas. Pillay integró el tribunal ad hoc creado para juzgar esos crímenes. La sentencia de 1998 fue la primera por genocidio de un tribunal internacional. Estableció que la violación, como la tortura, se usa para humillar, controlar y destruir, y que constituye genocidio cuando busca destruir a un grupo. Como señaló la propia Pillay, desde tiempos inmemoriales la violación había sido considerada un botín de guerra; con esta sentencia, dejó de serlo.

En la Corte Penal Internacional defendió otra convicción: sin juicio justo no hay justicia, por atroces que sean los crímenes. En su primer caso, la Sala de Apelaciones que integraba fijó que “los derechos humanos sustentan el Estatuto; cada aspecto de él”.

Como Alta Comisionada de la ONU ejerció su independencia sin mirar a quién. Dijo que la evidencia sobre Siria apuntaba a responsabilidades “en el más alto nivel de gobierno, incluido el jefe de Estado”, y pidió remitir el caso a la CPI, algo que Rusia y China bloquearon. Advirtió que los responsables de esas atrocidades se vieron envalentonados por la parálisis internacional. Con la misma firmeza exigió a Estados Unidos cerrar Guantánamo y dijo que el país estaba en “clara violación” de sus compromisos y del derecho internacional.

Al asumir como Alta Comisionada dijo que ese trabajo exige un compromiso con la verdad “sin tolerancia a los dobles estándares ni a la aplicación selectiva”. Esa coherencia la llevó a presidir la comisión de investigación de la ONU que en 2025 concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza así como también a abogar por tipificar como crimen internacional el apartheid de género, como el que el régimen talibán impone a las mujeres y niñas afganas. Quien enfrentó la segregación legalizada en Sudáfrica sabe reconocer otra.

Este Nobel reafirma con fuerza una verdad esencial: que el derecho internacional y sus instituciones existen para proteger a las víctimas y en ningún caso para encubrir a los victimarios. Ya en Núremberg, el fiscal estadounidense Robert Jackson advirtió a los propios vencedores: “Pasarles a estos acusados un cáliz envenenado es llevarlo también a nuestros propios labios”. Sin tribunales independientes que juzguen los hechos con rigor e imparcialidad, la justicia cede ante la fuerza y, como advirtió Pillay al recibir el premio, vuelve a ser el poder —y no la ley— quien decide qué sufrimiento importa.

Por Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores