La cuenta pública presidencial, acto de profunda tradición republicana, se erige como uno de los momentos más solemnes del calendario político nacional. Más que de un simple ritual, se trata de un símbolo del principio de transparencia y responsabilidad pública, en el que el Presidente debe rendir cuentas ante la ciudadanía sobre el estado administrativo, económico, social y político del país.

La inminente cuenta pública del Presidente Boric -la última de su mandato- tendrá lugar dentro de un marco muy complicado y altamente desafiante.

Un primer obstáculo que deberá afrontar es el escándalo del caso Pro Cultura. Lo que se presentó como una loable iniciativa de ayuda social, se ha revelado como un entramado de desviación de fondos públicos. Están “perdidos” miles de millones de pesos, sí, plata de los chilenos. Un caso que la fiscalía ha caracterizado como de “asociación ilícita”. La gravedad del asunto no solo reside en el desvío de fondos, sino en la sospecha de que estos recursos fueron utilizados para el financiamiento de campañas políticas.

Por otra parte, en el ámbito económico, el Consejo Fiscal Autónomo ha sido categórico: el gobierno no ha cumplido con su meta fiscal para 2024. Este incumplimiento refleja, según el Consejo, “una falta de ajuste oportuno del gasto y de corrección de las proyecciones de ingresos fiscales”, errores que se trasladaron incluso a la Ley de Presupuestos de 2025. En lugar de asumir esta constatación crítica técnica y objetiva, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha optado por una reacción desmedida, enviando un oficio a la Comisión Mixta de Presupuestos para cuestionar las opiniones del Consejo. Le deja al próximo gobierno un complejo panorama fiscal.

En áreas tan claves como salud, educación y vivienda, el gobierno tampoco ha logrado avances significativos y se encuentra bastante entrampado. Las promesas hechas se han convertido en ilusiones que se desvanecen ante la realidad de un país que enfrenta carencias profundas. Un gobierno que dejó en el aire las esperanzas de miles de ciudadanos, debe enfrentar un dilema ético: ¿junto a lo que estima que son sus logros, reconocerá también sus fracasos?

En ese sentido, la pregunta que se impone es: ¿será la próxima cuenta pública un ejercicio de transparencia y autocrítica o se convertirá en una suerte de “cuento público” más? O acaso ¿tendrá el Presidente el coraje de admitir que su administración no cumplió con sus propias las expectativas y que, en algunos casos, ni siquiera fue capaz de proteger los recursos públicos destinados a los más vulnerables?

No pudieron eliminar el sistema de capitalización individual en pensiones aunque queda al debe el aumento de la edad jubilatoria. No pudieron refundar Chile porque el país no quiso.

Ojalá que este acto de alta responsabilidad presidencial, como es la cuenta pública, no sea un “cuento público”, sino un verdadero acto de responsabilidad con los ciudadanos.

Por Iris Boeninger, economista y ex embajadora de Chile en Uruguay