Ha llamado profundamente la atención que Franco Parisi, uno de los candidatos presidenciales que estará en la próxima papeleta de noviembre, hasta la fecha no haya pisado suelo nacional, y tanto el proceso de inscripción -representa al Partido de la Gente- así como la estrategia de campaña hayan sido desplegadas desde el exterior.

Tanto el abanderado como su círculo más cercano de adherentes no han logrado entregar una explicación satisfactoria que justifique esta ausencia, y ni siquiera han logrado comprometer una fecha cierta para su regreso. Por estos días un reportaje de Canal 13 entregó antecedentes comprometedores para Parisi, al dar cuenta de que el candidato mantiene vigente una orden de arraigo dictada por un tribunal de familia, debido a que según se consigna en el expediente judicial mantiene pendientes abultados pagos por concepto de pensión alimenticia, deuda que Parisi niega enfáticamente.

Una situación que se ventila en tribunales no debería ser obstáculo para que una persona compita por un cargo de elección popular, porque si se aceptara ese principio se abre la puerta para que la justicia pudiera utilizarse con fines políticos. Pero ha sido el propio Parisi quien le ha dado una connotación política a su situación, acusando que en Chile es objeto de una “persecución”, señalando que en virtud de ello en algún momento se vio en la necesidad de solicitar asilo político en Estados Unidos. Estas declaraciones resultan profundamente irresponsables, desde luego porque en Chile no hay persecución política -la independencia de los poderes del Estado es garantía de ello-, y porque constituye un contrasentido que alguien que aspira a detentar la Presidencia de la República de entrada pretenda desconocer la institucionalidad chilena, recurriendo a todo tipo de argucias para evadir su comparecencia en tribunales.

El caso del abanderado del Partido de la Gente permite también algunas reflexiones más generales. Por de pronto, es saludable que como principio general exista cada vez más conciencia sobre que no resulta tolerable que los progenitores llamados al pago de pensión alimenticia eludan esta obligación, una realidad que desgraciadamente en Chile resulta muy común. El solo hecho de enfrentar un juicio de esta naturaleza no es causal de inhabilidad para detentar una candidatura de cualquier tipo, pero de comprobarse efectivo debería ser objeto de una sanción social muy fuerte.

A efectos de facilitar la recolección de patrocinios e inscripción de candidaturas en el marco de la pandemia, el Servel habilitó una serie de plataformas que permiten hacer los trámites telemáticamente. No estaba previsto que estas facilidades fuesen aprovechadas para desplegar una candidatura desde el exterior, sin necesidad de pisar el país. Por ello resulta pertinente abrir un debate en profundidad respecto a la pertinencia de que una candidatura presidencial se pueda desplegar desde otro país -analizando en detalle sus pros y contra-, y si acaso ha de exigirse como requisito un cierto período de residencia en el país previo a la elección. Esta exigencia de hecho está contemplada en varias legislaciones de países desarrollados, por lo que es difícil argumentar que se trata de algo improcedente.