El gobierno del Presidente Boric, a días de su despedida, comunicó que la meta impuesta de entregar 260mil viviendas se ha cumplido satisfactoriamente. Más allá de celebrar este hecho, particularmente en el contexto actual, debemos preguntarnos ¿en qué medida esto implica un avance sustantivo para enfrentar la crisis de vivienda? ¿Cuáles son los aprendizajes y desafíos con miras al gobierno que comienza?

En marzo del 2021 se aprobó la Ley 21.450 que da vida al Plan de Emergencia Habitacional (PEH), el cual mandata al Ejecutivo a presentar un plan, con metas y una estrategia. Así nacen las famosas 260mil viviendas, meta ambiciosa si se busca avanzar con los mismos instrumentos de las últimas décadas y meta conservadora en función de las capacidades y necesidades del país. En cualquier caso, el PEH y sus 260mil han traducido la urgencia social en una urgencia institucional, permitiendo poner a la vivienda en el centro de la acción legislativa, presupuestaria y política.

Siendo la meta el objetivo, los programas son medios para alcanzarlo, por lo que también se ha facilitado la innovación y adaptación de los mismos. Han habido cambios en materia de arriendo, microdensificación, adquisición de suelo e industrialización, pero tal vez el más ejemplar es el caso de la garantía estatal (FOGAES) y el subsidio a la tasa, abriendo el camino a instrumentos que apoyen a sectores medios en el acceso al crédito hipotecario.

Pero una cosa es la meta global y otra es la distribución de ésta. Antofagasta, Tarapacá, Atacama, Valparaíso y RM concentran 2/3 del déficit habitacional en Chile, y fueron justamente estas regiones las que no cumplieron la meta. Una nota importante que define dónde priorizar territorialmente para una futura gestión.

De la misma manera, los campamentos, una de las realidades más críticas, tuvo un desempeño por debajo del 62% de lo propuesto en la meta original (TECHO-Chile, Enero 2026), dando cuenta de la imperiosa necesidad de replantear la forma en que nos aproximamos a una problemática que se ha cuadruplicado en los últimos 10 años.

El PEH buscó también dar un impulso en facilitar suelo para la vivienda de interés público, adquiriendo un stock de más de 2 mil ha. Una política de producción de suelo ha sido ignorada en las últimas décadas, por lo que se agradece este impulso, pero no alcanza para generar un salto disruptivo en la oferta que empalme con la demanda. Se debe avanzar hacia una mayor planificación urbana e inversión pública-privada que permita producir y disponibilizar buen suelo para la vivienda y su equipamiento, promoviendo una oferta habitacional que de cuenta de las necesidades hacia el futuro.

De las 260 mil viviendas terminadas bajo la administración Boric, 125mil fueron comenzadas en el gobierno del Presidente Piñera. Lejos de ser esto un problema o una crítica, debiera ser un atributo. La política de vivienda no se puede sino concebir como una política de Estado. Así como el gobierno saliente recibió una posta, está dejando el testimonio con más de 111 mil viviendas en proceso que probablemente serán entregadas bajo el gobierno del Presidente Kast.

Ahora bien, se calcula que el total de la demanda social por vivienda supera los 1.5 millones de hogares. Si lo que se busca es quebrar la tendencia y enfrentar la crisis, una meta de 260 mil no ha sido ni es suficiente. Se requerirá que supere las 400 mil soluciones. Una meta realmente ambiciosa que incomode lo necesario para producir cambios audaces a nivel de inversión pública-privada, de producción de suelo, de organización social y de tipos de soluciones, haciendo de la política habitacional una palanca para impulsar las ciudades que Chile necesita en los próximos 30 años.

Por Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero