En 2008, en medio de las movilizaciones estudiantiles, María Música Sepúlveda, de 14 años, frustrada con la ministra de Educación le arrojó el agua de un jarrón. “Ellos iban decididos a agredir”, dijo la ministra. Ese día pasamos de la “democracia de la deferencia” a la “democracia de la impugnación”.

Si el “jarrazo” de 2008 simbolizó la rebelión contra un sistema de educación de mercado y la rigidez de un modelo que segregaba, el crimen de ahora en Calama revela una descomposición profunda.

Todo era previsible. Según la Superintendencia de Educación el 2025 fue un año récord de denuncias en materia de convivencia escolar con 17.076 casos y un incremento de 22,3% respecto al 2024, registrándose 125 denuncias de agresiones de estudiantes a docentes, lo que representa un alza del 39,4%. Por su parte, el Índice de Bienestar Docente 2025 revela un escenario alarmante, pues 40% de los profesores reporta haber sido agredido por alumnos.

Una imagen muy lejana de la gran promesa que la educación permitiría al país convertirse en tierra de oportunidades, donde el mérito y el esfuerzo serían premiados, sin importar el origen. Un estudio de la OCDE (2025) sitúa la movilidad social de Chile, Ecuador, México y Perú significativamente bajo el estándar del bloque.

Un deterioro que también se expresa en el ámbito legal, donde pasamos de la Ley SEP de 2008 —que soñaba con la equidad técnica—, a la Ley de Inclusión Escolar de 2015, que terminó convirtiendo al director en un actuario de rendiciones de cuentas infinitas y redactor de normas, siendo los colegios un nuevo espacio burocrático. Luego vino la Ley Aula Segura (2018), que dio un giro punitivo, para pasar —como si fuera poca la inflación legislativa— a La Ley de Convivencia y Buen Trato de 2026; un intento desesperado por legislar el afecto, el respeto y sustentar nuevas intervenciones preventivas acorde a las tecnologías, mientras el territorio se desmorona.

En suma, los hechos de Calama terminan por hacer añicos el sueño de la escuela como ágora de emancipación social, y más bien refrenda las impresiones del rector Carlos Peña cuando dice que el sistema remeda la estructura de clases y se erige como una falsa promesa. Hoy se puede asegurar que el colegio de origen es el mayor indicador de éxito social. Una muestra más de lo concentrado que está el “capital cultural y económico”.

Algo que se avizora incorregible, al menos en el corto plazo, dado que el sistema educacional se convirtió en el coto de caza de la competencia ideológica de las izquierdas y derechas, obsesionadas con hacer de la Educación un territorio para probar rancias doctrinas. Así, el debate sucumbe ante consignas reactivas —con mis hijos no— o experimentos de ingeniería social que evocan la lógica de nivelación hacia abajo de los “patines” de Eyzaguirre.

En una perspectiva de política pública, el desafío trasciende a la mera gestión de la crisis. Se requiere un diagnóstico que sincere la metástasis institucional, para luego así exigir un acuerdo político transversal que rescate la educación de la lógica electoral. Chile se encuentra atrapado en un pantano ideológico donde la respuesta estatal oscila entre la inacción y el punitivismo reactivo de la “seguridad pública”, omitiendo que la violencia escolar es el síntoma final de un Estado que abdicó de su rol como garante de la convivencia.

Sin una restauración de la autoridad pedagógica y una política de Estado que aborde las raíces sociológicas del conflicto, el aula seguirá siendo el espejo de nuestra propia descomposición civilizatoria.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile