El último Censo fija con nitidez un escenario que ya no admite lecturas complacientes. Las proyecciones oficiales indican que entre 2027 y 2028 Chile registrará más muertes que nacimientos y que, hacia 2070, más del 30% de su población tendrá 60 años o más. No se trata de un horizonte distante, sino del marco concreto en el que deberán definirse las políticas públicas durante las próximas décadas. Tratar esta información como un antecedente técnico secundario equivale, en la práctica, a aceptar costos económicos y fiscales crecientes.

El envejecimiento poblacional no es un asunto sectorial. Tiene efectos directos sobre la sostenibilidad del bienestar. Una mayor longevidad incrementa de manera permanente el gasto en pensiones, salud y cuidados de largo plazo; una fecundidad persistentemente baja reduce la población en edad de trabajar y, con ello, la base contributiva y tributaria. Diversas estimaciones internacionales muestran que, sin ajustes oportunos, el envejecimiento puede añadir varios puntos del PIB al gasto público estructural.

La caída de la tasa de fecundidad —que en Chile se sitúa en torno a 1,2 hijos por mujer— no puede seguir interpretándose como un fenómeno cultural ajeno a la acción pública. La evidencia es consistente: las decisiones reproductivas están fuertemente condicionadas por variables económicas e institucionales (Moore & Mancini, 2025). Ingresos inestables, trayectorias laborales discontinuas, cobertura limitada de sistemas de cuidado y penalizaciones profesionales asociadas a la maternidad configuran un entorno que desalienta la formación de familias. En este escenario, las políticas aisladas tienen efectos marginales si no se modifican los factores estructurales que elevan el costo económico y laboral de la parentalidad.

La fragmentación del debate público profundiza el problema. Empleo, conciliación parental, fecundidad, migración y edad de jubilación suelen discutirse como agendas independientes, pese a que responden a una misma pregunta estratégica: cómo sostener el bienestar en una sociedad que envejece aceleradamente. Postergar la discusión previsional mientras se constata el aumento sostenido de la población mayor, o promover la natalidad sin revisar la organización del trabajo, no es una estrategia gradual; es una inconsistencia de diseño que termina encareciendo las reformas futuras.

Desde una perspectiva económica, mantener edades legales de jubilación definidas para una estructura demográfica que ya no existe puede resultar políticamente conveniente en el corto plazo, pero incrementa desequilibrios que luego exigen correcciones abruptas y socialmente costosas.

El sistema de salud ofrece una señal adicional. El envejecimiento aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas y situaciones de dependencia, elevando el gasto per cápita de forma sostenida. Persistir en modelos predominantemente reactivos, diseñados para una población más joven, incrementa los costos sin mejorar necesariamente los resultados. Incorporar la variable demográfica en el diseño del sistema no es una opción técnica más, sino una condición para la eficiencia y la sostenibilidad del gasto público.

Existe, además, una dimensión de igualdad que suele quedar relegada. Las personas mayores dejan de ser un grupo marginal y pasan a constituir un segmento estructural de la población. Sin políticas adecuadas, aumentan los riesgos de exclusión por edad en empleo, acceso a salud y cuidados, con efectos negativos tanto sociales como fiscales.

El mensaje que emerge del Censo es inequívoco. Los datos exigen políticas de Estado, marcos regulatorios estables y una mirada integrada que articule empleo, conciliación, sistema previsional y condiciones para la formación de familias. La sostenibilidad del país no depende de declaraciones de intención, sino de la capacidad de alinear decisiones presentes con un escenario demográfico que ya está en marcha. Ignorarlo no posterga el problema: lo hace más costoso y más difícil de resolver.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC, profesora en Facultad de Economía y Administración de la UC, y directora de Somos Mujeres por Chile