Por Paula Streeter, socia de 40c, Red Pivotes

Para la filosofía clásica –Platón, Pico della Mirandola y Kant–, la dignidad se explicaba en buena medida por la autonomía personal, por la capacidad de poder regular el comportamiento y hacerse cargo de los propios asuntos. El reconocimiento de la dignidad, central como bandera de lucha en el estallido social que dio paso al proceso constituyente, exige que se garantice el acceso a condiciones mínimas que permitan el ejercicio de la libertad como expresión propia de la dignidad humana.

Pero es fundamental, y base para avanzar en una verdadera dignidad, que se garantice a nivel constitucional no solo igualar las condiciones, sino también que se consagre la libertad de las personas para desarrollar sus propios proyectos de vida.

En educación, la propuesta de nueva Constitución separa el sistema educacional en dos: uno estatal, gratuito y con financiamiento basal asegurado, y otro no estatal, sin financiamiento asegurado ni trato igualitario, supeditado a la voluntad del legislador. Esto debilita el sistema mixto vigente, restringe la libertad de elección y arriesga la capilaridad, innovación y adaptabilidad que ofrece la sociedad civil y el emprendimiento para adaptar propuestas educacionales a los diversos proyectos de vida.

En salud, deja a la voluntad del legislador la participación en el Sistema Nacional de Salud de aseguradores y prestadores privados, generando incertidumbre a los prestadores sobre la posibilidad de seguir realizando prestaciones a los afiliados a Fonasa. A su vez, el sistema público de salud corre el riesgo de verse superado en sus capacidades para recibir a quienes hoy son atendidos con fondos públicos por el sistema privado y que no puedan solventar un seguro adicional.

La propuesta acierta en establecer una base común de derechos sociales de calidad y acceso universal, a través de sistemas de educación y salud que sean públicos, universales e integrados, pero yerra al oponer a ello la existencia en igualdad de condiciones de establecimientos e instituciones no estatales de la sociedad civil y el emprendimiento privado.

En términos generales, y a partir de estos ejemplos, no se advierten en la propuesta indicios que apunten favorablemente a una colaboración público-privada en cuanto al rol del Estado y de los privados en la provisión de los derechos sociales, pudiendo dañar la cobertura y calidad de dichos servicios. Como advierte Víctor Manuel Avilés, hay una cierta visión ideológica de supresión de la iniciativa privada, de transformación de los ciudadanos en meros usuarios de las prestaciones del Estado. Esta supremacía estatal en los derechos sociales, si bien apunta a la igualdad, coarta la libertad de las personas y su autonomía, lo que atenta contra la tan anhelada dignidad.

Al respecto, proponemos una mirada alternativa que genere las condiciones para que, bajo un régimen regulatorio común, la sociedad civil y el emprendimiento privado colaboren en igualdad de condiciones con las entidades estatales en la provisión de bienes públicos.

Sobre el derecho a la educación, proponemos consagrar la libertad de elegir por parte de los apoderados el establecimiento educativo, y garantizar también la libertad de la sociedad civil para crearlos y gestionarlos; asimismo, proponemos garantizar el financiamiento a establecimientos estatales y no estatales. En tanto, para el derecho a la salud proponemos que la nueva Constitución garantice la participación de prestadores no estatales, de manera de garantizar la libertad de elección de las personas, y permita descomprimir el sistema.

Es imperativo discutir alternativas, ya que hoy ninguna de las dos constituciones -ni la vigente ni la propuesta- logra coordinar los esfuerzos de todos los actores en pos del desarrollo de Chile. Tal como menciona Soledad Alvear en una entrevista la semana pasada, un Estado social no debe pretender organizar a la sociedad a partir del Estado, es decir, fusionar Estado y sociedad, sino de organizar, a partir de la dignidad humana y de un principio democrático, instituciones públicas y privadas que puedan equilibrar correctamente los derechos de libertad e igualdad y garantizar los mínimos necesarios para que las personas puedan buscar su desarrollo material y espiritual en comunidad de acuerdo con sus propios proyectos de vida.