SEÑOR DIRECTOR:

El Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, vivió una de las peores inundaciones de su historia, con más de 300 mm en menos de una semana, que destruyeron cultivos e interrumpieron el envío de granos a puertos, afectando las exportaciones del país y la seguridad alimentaria mundial. Chile no es ajeno a estos desastres; cabe recordar el reciente sistema frontal, o aquellos de junio y agosto de 2023, que afectaron cerca de 400.000 ha. en la zona centro-sur del país, causando graves pérdidas humanas y económicas.

En ambos países, la respuesta estatal muestra avances y deficiencias. En Chile, desde 2021 rige la Ley 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y desde 2022, la Ley 21.455 de Marco de Cambio Climático. Si bien son pasos importantes, su implementación y efectividad aún requieren tiempo y recursos, que no son equitativos entre comunas.

Lo anterior, junto con evidenciar la necesidad de fortalecer la resiliencia del sector agroproductivo y mejorar los procesos de planificación territorial, subraya la importancia de la perspectiva de género, pues las mujeres rurales son de las principales responsables en la producción de alimentos y gestión del hogar, enfrentando mayores desafíos durante y después de los desastres. En ellas recae el peso social de sostener a sus familias y trabajar en contextos laborales precarios, siendo uno de los grupos más vulnerables a los efectos del cambio climático. Construir una respuesta institucional inclusiva y efectiva ante los desafíos climáticos debe involucrar su participación de manera transversal e ineludible.

Natalia Aravena Solís

Claudia Soto Acuña

Grupo Ruralidades de la Asociación de Geógrafas Feministas de Chile