SEÑOR DIRECTOR:

En una reciente sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema acerca del uso y administración del espectro radioeléctrico se evidencia el efecto dañino que ha generado en los últimos 20 años la judicialización de las políticas públicas impulsadas, con un regulador de telecomunicaciones retrasando su aplicación en directo perjuicio de los usuarios de estos servicios.

Lo anterior da cuenta de un profundo desconocimiento de las entidades técnicas respecto de sus propias facultades y su ámbito de influencia, así como de la participación de terceras partes que han aprovechado estas instancias para obstaculizar la entrada y participación de nuevos actores a este mercado, quienes, por supuesto, significarían un aporte y mayor dinamismo de la actividad; y otros que, desconociendo las facultades que expresamente por ley están reservadas a la Subtel, han afectado la convergencia tecnológica y el uso eficiente del espectro, limitando la innovación, la competencia y la inversión en beneficio del país.

Todo este proceso ha estado anclado en un paradigma arcaico, que constituye un retroceso monumental para toda la industria de las telecomunicaciones, lo que se profundiza con los efectos de una permisología sin sentido que ralentiza las inversiones, impidiendo el despliegue oportuno de estos servicios y la aparición de nuevos modelos, como son las redes neutrales y mayoristas.

Tanto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como la Subtel debe hacer valer sus atribuciones regulatorias y proponerle al país un mecanismo urgente que permita insertar más competencia y retornar sus facultades técnicas hoy desconocidas por el Poder Judicial.

Rodrigo Ramírez Pino

Exsubsecretario de Telecomunicaciones