Por segunda vez en lo que va de su mandato, el Presidente de la República se apresta a enfrentar una nueva acusación constitucional, acción que está siendo respaldada por todas las bancadas de oposición.

El motivo de la presente acusación se fundamenta en los antecedentes que fueron dados a conocer por una investigación realizada por un consorcio periodístico internacional, la cual tuvo acceso a millones de documentos que dejaron expuestas las operaciones que jefes de Estado, artistas, deportistas y otras personalidades de renombre internacional mantienen en paraísos tributarios. Para el caso del Presidente de la República, la indagación puso de relieve la operación de venta de la participación que el Mandatario y su familia mantenían indirectamente en la minera Dominga -cuyo controlador es amigo personal de Sebastián Piñera-, parte de la cual se celebró en las Islas Vírgenes Británicas. En particular, se cuestiona una de las cláusulas del contrato, según la cual el tercer y último pago a la familia Piñera quedaba condicionado a que dentro del plazo de un año la zona donde se instalaría Dominga no fuera declarada bajo protección ambiental.

Hasta el momento, los hallazgos de la investigación periodística no pasan de haber hecho públicos los documentos de la operación de compraventa, pues los pormenores que rodearon la operación -llevada a cabo hace más de una década- fueron ampliamente investigados por la justicia, al punto que la propia Fiscalía solicitó no perseverar, lo que fue refrendado por los tribunales superiores. Incluso la polémica cláusula aparece en un reportaje de la radio Bío Bío, emitido hace varios años.

Es llamativo que apenas transcurridos un par de días desde que se dio a conocer la investigación, los diputados de oposición hayan concluido que se justifica una acusación constitucional, la que se fundamentaría en que se ha visto gravemente comprometido el honor de la Nación, así como faltas al principio de probidad administrativa. Resulta evidente que esta acción se está improvisando sobre la marcha, sin mayor análisis jurídico -por de pronto, se intenta hacer efectivas responsabilidades por hechos ocurridos en un gobierno anterior- y buscando aprovechar la coyuntura electoral, pues todo parece indicar que de prosperar la acusación en la Cámara Baja -lo que parece factible, dado que la oposición tiene la mayoría de votos- el Senado debería pronunciarse en la antesala de las elecciones de noviembre. Con ello no solo se logrará polarizar aún más la elección, sino que confirma también el irresponsable uso que se ha estado haciendo de las acusaciones constitucionales.

Con todo, no cabe perder de vista que el factor que ha dado pie para esta controversia es la inconveniente forma en que el Mandatario, su equipo de administración y los abogados manejaron lo relativo a Dominga. Desde luego, no hace sentido que se haya aceptado incluir una cláusula que podía comprometer al propio Piñera, más aún cuando el tercer pago era por un monto marginal y de ello no dependía que la operación de compraventa se concretara. Sin perjuicio de que sus asesores han señalado que el Mandatario no participó de la operación y que ignoraba sus detalles -ésta se ejecutó cuando él ya estaba en la Presidencia-, se debió haber anticipado que un contrato así podría tener repercusiones políticas.