SEÑOR DIRECTOR:
Las numerosas falencias e irregularidades que encontró la Contraloría en seremis y gobiernos regionales, a propósito del “caso Convenios”, permiten sacar varias conclusiones.
Primero, el absoluto descontrol que existía en las millonarias transferencias desde reparticiones públicas a entidades privadas que no tenían el estándar mínimo para recibirlas. Segundo, lo ocurrido demuestra que pese a los avances que se han hecho para mejorar la transparencia y probidad en el uso de los recursos fiscales, nuestra institucionalidad sigue estando muy atrasada para no solo perseguir, sino también prevenir, el avance de la corrupción en la administración pública. Tercero, pese a la existencia de millonarios pagos a proveedores y contratistas sin un procedimiento riguroso de selección; ausencia de calificaciones mínimas para hacer los trabajos; controles y rendiciones de cuenta inexistentes, y cero trazabilidad, hasta ahora no hemos visto a nadie asumir su responsabilidad. Cuarto: eso mismo demuestra, una vez más, que cuando los recursos involucrados son los de todos los chilenos, al final terminan siendo de nadie, y por lo mismo nadie se preocupa de cuidarlos.
Es de esperar que estos casos sirvan para darnos cuenta que en Chile sí existe corrupción, que debemos fortalecer nuestras instituciones, y que todos tenemos un granito de arena que aportar para prevenirla.
Susana Sierra
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