Economía chilena y productividad

Cada cierto tiempo, la productividad vuelve a ponerse en el centro de la discusión. Hace un tiempo, el gobierno decidió fortalecer la institucionalidad asociada a esta importante variable económica, con una agenda que creaba la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) y que, entre otras cosas, formalizaba la publicación de informes de productividad y coherencia regulatoria.

La semana pasada, The Conference Board publicó un informe que revela que la productividad media del trabajo (un indicador incompleto que no desagrega aumentos del stock de capital) de Chile alcanzó los US$ 29 la hora por trabajador, su mejor desempeño histórico y registrando un aumento de 2,6% en relación a 2018. De acuerdo a las estimaciones de la entidad, la productividad laboral chilena crecería otro 2,8% en 2019, alcanzando casi los US$ 30 la hora. Con este resultado, Chile queda segundo a nivel latinoamericano, solo debajo de Uruguay, pero muy lejos de economías más desarrolladas como Francia (US$ 69), Australia (US$ 60) o Nueva Zelandia (US$ 43).

Estos resultados se enmarcan en la discusión actual de iniciativas legales que buscan reducir la jornada, las que según sus impulsores traerán aparejados aumentos de productividad capaces de compensar los mayores costos laborales asociados. Es interesante percibir que tanto el gobierno -que postula una reducción a 41 horas promedio con flexibilidad- como las diputadas del Partido Comunista -que abogan por una reducción a 40 horas- son conscientes de que sin aumentos de productividad sus iniciativas pueden ser perjudiciales para el empleo. Lo preocupante en los dos casos es que esta compensación no tiene sustento técnico comprobable.

Urge entonces que la productividad deje de ser el centro del discurso y pase a convertirse en el foco de la agenda en materia de crecimiento. Un punto de partida es exigir que ante cambios de políticas públicas que tienen impactos evidentes sobre la actividad económica, sus impulsores publiquen un informe de productividad. Además, es clave avanzar en cambios profundos al sistema de capacitación que permita por un lado actualizar los conocimientos de los trabajadores, dar mayores herramientas de empleabilidad, acelerar el proceso de reconversión laboral y masificar su alcance a pequeñas y medianas empresas. Otro aspecto fundamental es permitir mayores niveles de flexibilidad en el mercado laboral, pero no solo vinculados a la extensión de la jornada, sino en aspectos asociados a negociación colectiva, costos de despido y estacionalidad, entre muchos otros.

Estas y otras medidas deben discutirse buscando mejorar el nivel de crecimiento de la economía chilena. El ritmo de la actividad es, finalmente, el que mayor impacto tiene en la calidad de vida de los trabajadores, quienes ante períodos extensos de alto crecimiento ven aumentar sus remuneraciones, tienen mayor poder de negociación y pueden acceder a mejores condiciones laborales, además de percibir mayores beneficios públicos a través de una mejor recaudación. El camino inverso -que pone el foco en mayores costos laborales y soslaya la productividad- solo contribuye a acelerar el proceso de automatización.