SEÑOR DIRECTOR:

Cuesta entender que en un tiempo donde la educación presenta problemas de todo tipo: acceso, infraestructura y convivencia, entre otras, el borrador emanado por el Consejo Constitucional no solo ignore estos temas, sino que se centre en generar una pugna engañosa entre las familias y el Estado, además de consagrar el voucher como forma de financiamiento, lo que impedirá a las escuelas tener lo básico para funcionar.

Esta propuesta fomenta la desconfianza en el rol público, reafirma la visión mercantil de sus redactores y pone lo que la derecha entiende como “libertad de enseñanza” en absoluto desequilibrio con el derecho a la educación. Así como quedó, se privilegia la posibilidad de abrir colegios con proyectos educativos particulares en desmedro de la posibilidad que tienen los padres de elegir una escuela para sus hijos e hijas, porque como no será un derecho social garantizado, el Estado no tendrá la obligación -o el deber- de contar con una oferta educativa amplia y en todos los lugares del país que se requiera, profundizando la desigualdad de acceso y calidad.

En esta materia, se puede ver claramente que el borrador está pensado como un programa de gobierno de la fuerza predominante en el Consejo: el partido de José Antonio Kast. Más que una propuesta coherente, es la sumatoria de slogans para satisfacer nichos electorales. Una irresponsabilidad total. La Comisión Experta tiene una semana para enrielar la discusión a lo que nos debería importar: el derecho a la educación.

Alejandra Placencia

Diputada, integrante de la Comisión de Educación