Recientemente, el Ministerio Público dio a conocer su boletín estadístico anual correspondiente a 2018, a partir del cual es posible formarse una idea general del funcionamiento de la justicia en nuestro país. En cifras agregadas, ingresaron 1,3 millones de delitos, de los cuales el 55% tuvo imputado desconocido, lo que representa una dificultad objetiva en la investigación. Por otra parte, los más de 10 mil juicios orales que se llevaron a cabo sugieren la existencia de un sistema judicial dinámico y con una incesante carga de trabajo.

Pero también llama la atención que de acuerdo con dichas estadísticas, a nivel nacional, el 59,63% de las causas terminadas en 2018 tuvo una salida no judicial, ya sea porque fueron archivadas (49,44%) o bien porque se aplicó la decisión de no perseverar (3,88%), principio de oportunidad (5,89%) o incompetencia (0,41%). El porcentaje de causas archivadas es el más alto de la última década, lo que inevitablemente lleva a preguntarse por los niveles de efectividad del sistema judicial, donde al Ministerio Público le cabe un rol fundamental.

No hay una sola interpretación respecto a cómo ponderar este elevado porcentaje de causas que no continúan tramitándose. En opinión del órgano persecutor, estas cifras no difieren mayormente de los estándares internacionales, y su énfasis está puesto en la calidad de los juicios y en lograr la mejor solución para el conflicto penal, lo que no necesariamente guarda relación con obtener mayores salidas judiciales. Siendo atendible esta explicación, tampoco debe pasarse por alto que un porcentaje tan elevado de causas archivadas implica que miles de personas que recurrieron a la justicia vieron incumplidas sus expectativas de reparación, lo que puede conllevar una serie de efectos indeseados, y de allí la imperiosa necesidad de que el Ministerio Público, así como las policías y el gobierno, se empeñen en reducir estos porcentajes, como de hecho ya se lo han propuesto algunas de las fiscalías.

La falta de confianza ciudadana hacia las instituciones del sistema judicial ha sido reflejado en diversos estudios de opinión, y en la medida que numerosas causas no logren llegar a término alimenta esta percepción negativa. Ello también podría desincentivar aún más la denuncia del delito, y amplificar sentimientos de frustración, que finalmente se irradian hacia todo el sistema institucional. También llama la atención que en determinado delitos, como el caso de los económicos y tributarios, la tasa de archivo provisorio sea mucho más alta que el promedio (64%), lo que probablemente no ayuda a su desincentivo.

Todas estas estadísticas deben servir como un valioso insumo para mejorar la eficacia del trabajo policial y de los fiscales. Así, por ejemplo, es fundamental que en el caso de imputados desconocidos se refuerce el trabajo de la investigación inicial una vez denunciados los hechos, y los criterios para privilegiar los casos a los que se dará prioridad eventualmente también puedan ser revisados, lo que se acercaría más a las expectativas ciudadanas.