Cuando me correspondió desempeñar el cargo de ministra de Justicia, a mediados de los 90, la urgencia de abordar los temas de los NNA quedó de manifiesto para alguien que no era experta en el tema, al constatar las dramáticas omisiones de la política pública de nuestro país -incluida la legislación- en relación con la protección de esos niños y el deber del Estado de dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño que señala en su artículo tercero que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Por eso, uno de los primeros proyectos de ley que Justicia impulsó en el Congreso fue uno destinado a impedir que los niños víctimas de abandono fueran internados en las cárceles de adultos, por decisión de los jueces de menores. Increíble, pero cierto. Eso ocurría en Chile hace 30 años.

Desde entonces hasta ahora, como país hemos realizado múltiples cambios institucionales tanto a nivel de organización judicial como administrativa, pasando de los Tribunales de Menores a los de Familia; eliminando el Sename, dividiendo sus competencias en dos servicios, uno destinado a desarrollar políticas dirigida a los adolescentes que han infringido la ley (aún vinculado al Ministerio de Justicia) y otro dirigido a los NNA que requieren la protección del Estado por encontrarse en estado de abandono o vulneración de sus derechos (vinculado al Ministerio de Desarrollo Social).

Sin embargo, los problemas subsisten. El sistema de cuidado alternativo parece enfrentar graves dificultadles tanto en su financiamiento como en su implementación. Lo confirman las declaraciones de hace apenas unos días del director del Servicio de Protección, quien señaló que había más de 41.000 NNA esperando por un cupo en los distintos modelos de atención que implementa el Servicio.

Resulta especialmente preocupante constatar la sobrepoblación de los programas residenciales. Los requerimientos en este ámbito han aumentado en más de un 15% desde el 2021 según se señala, lo que no se explica por el envejecimiento de la población ni por el incremento de la inmigración, dado que los niños extranjeros solo representarían poco más de un 5% de la demanda.

El desaliento aumenta si se constata que aún no se ejecutan con propiedad las políticas de desinternación de los niños internados en residencias o la ejecución de un nuevo modelo residencial para esos niños vulnerados en sus derechos. El programa de familias de acogida, aunque positivo, tampoco parece haberse extendido lo suficiente, a pesar de los esfuerzos desplegados por los gobiernos.

En suma, parece increíble que este problema subsista y que pase prácticamente desapercibido para la mayoría. Parece también increíble que esté fuera de la agenda política y de las prioridades del país, dado que todos sabemos que, en la vulneración de los derechos de esos niños y la omisión de la protección de los niños abandonados o vulnerados, se encuentra el origen de muchos de los problemas que sí son prioritarios para la política, como la seguridad ciudadana, el tráfico y consumo de drogas y el maltrato, solo por mencionar algunos.

Parece que nuestros niños siguen siendo invisibles, aunque las consecuencias de la falta de atención al deber de todos nosotros de protegerlos y adoptar las medidas necesarias para terminar con la vulneración de sus derechos están expuestas todos los días, en la primera página de la actualidad del país.