Una serie de críticas está recibiendo el gobierno por parte de diversos economistas por lo que se ha denominado la “fiesta fiscal” que supone para el país la extensión hasta fin de año del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La situación motivó a que esta semana el propio Presidente Sebastián Piñera tuviera que salir a defender su política, insistiendo en que la red de protección social va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario, aunque compartió la necesidad de empezar a recuperar los equilibrios fiscales, enfatizando que los buenos empleos constituyen el único instrumento que permite asegurar una buena calidad de vida en forma permanente. Se trata, sin duda, de un debate interesante para la centroderecha, un sector que suele ser cuestionado por su tecnicismo en materia económica y su falta de visión política, y que ahora es criticado por su supuesta poca responsabilidad fiscal.

Quienes argumentan lo anterior indican que en el escenario actual, donde la totalidad del país está fuera de las cuarentenas, ya no se justifica una ayuda de esta magnitud y cobertura. Por el contrario, se debería focalizar en los más necesitados y centrarse en programas que incentiven el empleo. También advierten la precaria situación en que están quedando las cuentas fiscales y el potencial sobrecalentamiento que arriesga la economía. O que esos recursos adicionales -US$ 6.400 millones- podrían destinarse a otras causas urgentes, como erradicar los campamentos.

Se trata de planteamientos razonables, que no pueden descartarse fácilmente, por cuanto detrás de ellos hay hechos que son indesmentibles. Es cierto que una política fiscal de este tipo resulta insostenible en el tiempo -solo este año el gasto crecerá 30%-. También lo es que para ello el país ocupó casi todos sus fondos de reserva, lo que nos deja bastante desprotegidos frente a otras crisis. Y que el ritmo de crecimiento que está mostrando la economía -18,1% en el segundo trimestre- supera con creces lo esperado, por lo que seguir con políticas expansivas puede provocar más problemas que beneficios.

Pero también hay que entender que todo lo anterior se enmarca en el contexto de la crisis mundial que provocó el Covid-19, donde todos los países se han visto enfrentados a tomar medidas de apoyo fiscal extraordinarias, algo que hoy nadie discute. En el caso de Chile, esta situación es aún más compleja, porque la pandemia coincidió con una fuerte crisis social, la cual también ha exigido una serie de acciones no previstas por parte del Estado.

Es en este escenario que el gobierno ha intentado responder a ambas crisis con una política económica que, si bien en ciertos aspectos se aleja de la pureza propia de la ortodoxia, sí parece responder bien al momento que vive el país. Y la reciente extensión del IFE hasta fin de año es la mejor prueba de ello, porque detrás de esa medida hay dos objetivos evidentes. Uno es económico, cual es cubrir las necesidades de grupos todavía muy vulnerables a la crisis. Y un segundo que es político: intentar detener un cuarto retiro de fondos de las AFP, algo que sería muy dañino no solo para el sistema de pensiones, sino para el país como un todo, como la acaba de advertir el presidente del Banco Central.

Hay que recordar que todo esto sucede en un gobierno y un sector político que han sido acusados -incluso por sus partidarios- de llegar tarde tanto en las ayudas por la pandemia, como en corregir ciertos problemas del modelo de desarrollo. Por ende, criticarlo ahora por intentar revertir aquello parece ser un contrasentido, como también lo es acusarlo de “hacer política”, cuando ese es precisamente el rol de quien gobierna.

Dicho lo anterior, es evidente que el desafío futuro es encauzar prontamente la política fiscal, buscando volver a los equilibrios de largo plazo. No se trata de una tarea fácil, ya que eso significa bajar gastos, algo que de suyo genera resistencias. La primera señal será el presupuesto 2022 que presentará próximamente el Ministerio de Hacienda, el cual debe ser mucho más austero que el del presente año. Se espera entonces que así como han defendido el gasto actual, también sean firmes en plantear la necesidad de volver a retomar los equilibrios fiscales con miras a fortalecer la posición de largo plazo de la economía chilena.