SEÑOR DIRECTOR:
En su reciente interpelación, la ministra Tohá reconoció que “en la Macrozona Sur hay acciones que tienen carácter terrorista”. Sin embargo, el gobierno todavía se resiste a hablar directamente de “terrorismo”.
¿Por qué esa aprensión? Probablemente porque el costo político es demasiado alto: si hay terrorismo, el gobierno tiene el deber de desplegar todas sus fuerzas para proteger a la ciudadanía y no solo aplicar un estado de excepción reducido a las rutas. Si hay terrorismo, cualquier persona sensata y en especial quien lo padece diariamente, sabe que el diálogo y las políticas de restitución no son suficientes. Basta con revisar los resultados de la elección del 7 de mayo en la región de La Araucanía, donde el Partido Republicano obtuvo más del 60% de los votos.
Lo mismo ocurre con la Ley Antiterrorista. ¿Por qué esa resistencia a darle urgencia e introducir las modificaciones que ven necesarias? Porque traiciona sus ideas políticas. Aquí radica la tensión permanente de un gobierno que, aunque sabe lo que tiene que hacer, no está dispuesto a renunciar a su relato.
M. de los Ángeles Tocornal C.
Teresa Cordero B.
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