El desafío de asegurar el orden público

Ha sido evidente que en el último tiempo las tareas relacionadas con el control del orden público se han vuelto particularmente exigentes, lo que ha llevado a que el Ministerio del Interior -que tiene a su cargo esta tarea- aparezca sobrepasado en dicha misión, lo que le ha valido críticas desde distintos sectores.

Hay razones objetivas para sentir preocupación por el frágil estado de la seguridad en el país. Desde luego, el vandalismo impulsado por sectores radicalizados que camuflan sus intenciones bajo el ropaje de la protesta social no se ha detenido, y recientemente se han dado muestras -a raíz de los incidentes acontecidos en Panguipulli- de que su capacidad destructiva sigue plenamente latente. Los hechos de violencia en la zona de La Araucanía -especialmente los atentados incendiarios en contra de actividades forestales, camioneros y agricultores- también han tendido a recrudecer, incluso con acciones que han provocado la muerte de civiles producto de la acción de disparos. También ha sido de especial preocupación para la ciudadanía el accionar cada vez más frecuente de grupos ligados al crimen organizado, protagonizando violentos hechos que no solo buscan amedrentar sino que además siembran justificado temor.

Controlar el orden público se ha vuelto una de las tareas más exigentes a la que hoy se enfrenta el Estado, no solo por las dificultades logísticas que supone el despliegue de recursos humanos y materiales para abordar tantos flancos a la vez, sino también porque desde el punto de vista político se ha vuelto una de las materias más sensibles y potencialmente desestabilizadoras para un gobierno. La delgada línea que separa el uso de la fuerza legítima de aquella que deja de serlo se ha vuelto una fuente de permanentes tensiones sociales y políticas, lo que se ha podido observar con crudeza en distintos países, y desde luego también en Chile.

Aun así, la necesidad de contar con orden público y brindar seguridad a la población sigue estando entre los principales anhelos de la ciudadanía, por lo que el rol del Estado en esto sigue siendo insustituible. En ese orden de cosas, parece plausible evaluar una nueva institucionalidad, con el fin de responder mejor a las distintas exigencias que aquí están comprometidas. Es un hecho que el Ministerio del Interior, el cual debe cumplir una serie de roles políticos y de seguridad interna, está muy exigido, con el agravante de que el irresponsable uso de las acusaciones constitucionales -que solo en esta administración han derribado a dos ministros del Interior- complica aún más el escenario.

En ese marco, la propuesta que se encuentra elaborando el gobierno para la creación de un Ministerio de Seguridad Pública parece bien orientada, en línea por lo demás con lo que han propuesto distintas comisiones asesoras presidenciales o impulsadas desde el Congreso, que han coincidido en dotarse de esta nueva institucionalidad, dejando al ministro del Interior en su rol político de jefe de gabinete, sin la carga de velar además por la seguridad interna. Aunque llama la atención el escaso protagonismo que ha encontrado esta propuesta -partiendo por el propio gobierno, que no le ha dado el debido impulso comunicacional a un cambio de esta envergadura-, es una idea que debería ser recogida por actores políticos y también en el Congreso para su evaluación. Este modelo existe ya en diversas partes del mundo, si bien la forma que toma varía entre países; no en todos los casos, por ejemplo, es una autoridad ministerial, pudiendo tomar la forma de un ente especializado que responde a un ministerio de asuntos internos; sin perjuicio de ello, la idea de que exista una autoridad que responda políticamente por la seguridad y el orden público refuerza su jerarquía y responsabilidad.

En la propuesta que elabora el gobierno está contemplado que las policías dependan jerárquicamente de esta nueva institucionalidad, lo que resulta coherente con la idea de que todo lo concerniente a la seguridad esté en una sola mano. Ello podría facilitar un mayor control civil sobre el actuar de las policías, así como una mejor supervisión de cómo se administran las entidades policiales, a fin de reducir el riesgo de manejos irregulares de los recursos públicos. Este nuevo diseño debería discutirse a la par de las reformas que se han propuesto para Carabineros, pues en la medida que no se lleven a cabo cambios que se han diagnosticado como necesarios, las tensiones o los cuestionamientos por el actuar policial seguirán igualmente presentes.

Por cierto que una nueva institucionalidad, incluso si cuenta con un diseño de clase mundial, arriesga a convertirse en una burocracia inútil si no se la dota de las facultades y legitimidad para acometer sus tareas. El empecinamiento de algunos sectores por cuestionar todo lo que el Estado haga en materia de orden público, y los intentos de algunos por despojar a las policías de facultades esenciales para que puedan llevar adelante su tarea, son materias que no pueden ser eludidas en un debate. Si el Estado no es capaz de brindar seguridad a sus ciudadanos, todo el resto del andamiaje se ve debilitado.