Por Andrés Longton, diputado

Si hay algo que ha aprendido el gobierno del Presidente Boric en sus más de 100 días es a darse una y mil volteretas sin ningún pudor político. La coherencia y la consistencia son virtudes que se fueron al tacho de la basura, eso sí, para suerte de todos, un alivio. Y es que la realidad los ha superado con sus posiciones dogmáticas e ideológicas obligando a tener que cambiar una y otra vez de posición.

Ahora, si bien siempre hay derecho a cambiar de opinión, no hay derecho a tergiversar la realidad. Es esto lo que precisamente está pasando con el estado de emergencia “acotado” en la Macrozona sur, hoy, según el Gobierno, jamás ha sido “acotado” sino con todas las herramientas.

Bastaron 50 días sin estado de emergencia en el sur para que los hechos de violencia aumentaran, según cifras de la Multigremial de La Araucanía, en un 171%. Recordemos que previamente, para hacer cuadrar el círculo, habían esbozado la idea de un “estado intermedio” para la protección de rutas. Fue precisamente el aumento sostenido de la violencia y la imposibilidad de obtener los votos de su coalición lo que obligó al actual gobierno a decretar el estado de emergencia “acotado”. La propia ministra Siches el mismo día en que se decretó, afirmó en una entrevista que “el estado de excepción no es la solución para nada” para decir luego que “solamente sirve para hacer una labor preventiva de protección de las rutas”. Y es que fue el compromiso político previo del subsecretario Monsalve por el paro de camioneros de resguardar las rutas lo que originó todo.

En ese sentido, la directriz política es clara: despliegue preventivo para protección de rutas. Y ello se materializó jurídicamente en el decreto mismo. En efecto, los considerandos señalan expresamente que “en reiteradas oportunidades se ha puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de vías que conectan diferentes zonas de nuestro territorio”; “cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito”; “la falta de seguridad en las vías que conectan nuestro territorio ha afectado tanto la actividad económica de los privados como las posibilidades que tiene el Estado de desplegarse con todas sus capacidades, disminuyendo así las posibilidades de desarrollo de muchas localidades”. Pero ello no solo está en el fundamento del decreto mismo, sino en su articulado que concretiza y le pone contornos a todo lo anterior. El artículo primero señala textualmente “Declárase estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, para la protección de rutas en aquellos territorios”. Dicho texto se ha renovado en tres ocasiones sin cambio alguno.

Dentro de los días que lleva el estado de emergencia “acotado” es evidente que no ha logrado todo el resultado que se esperaba. Según cifras del mismo gobierno apenas un 30% menos de hechos de violencia, tres asesinatos y cinco detenidos. Muy lejos del 45% de reducción de los hechos de violencia del estado de emergencia del gobierno anterior y los 185 detenidos en los 165 días, según cifras del Ministerio del Interior y Seguridad Pública anterior.

Es decir, el trabajo conjunto actual de las FF.AA. y las policías es solo en rutas y preventivo, a diferencia del Estado de Emergencia anterior que era en toda la extensión: aire, mar y tierra sin exclusión y con roles de colaboración preventiva pero también persecutorias. Dicho sea de paso, este gobierno apenas se ha querellado en el 12% de los hechos de violencia.

Lamentablemente, el actual gobierno, frente a las solicitudes de las autoridades de la Macrozona sur y de los habitantes para tener un estado de emergencia completo, ha intentado persuadir que el estado de excepción actual no es “acotado” y que el jefe de la Defensa tiene todas las facultades que prevé el ordenamiento jurídico en todo el territorio. Pero eso no es así, la dirección política y jurídica es clara: las FF.AA. no harán otra cosa que proteger las rutas preventivamente. Si el gobierno quiere ampliar la competencia de éstas y asignarles nuevos roles debe necesariamente cambiar su discurso, pero también, debe quitar los límites que tiene el actual estado de emergencia “acotado” en el decreto.

Eso es lo que necesita, eso es lo que pide la ciudadanía y eso es lo que corresponde hacer para una voltereta más del gobierno, a estas alturas, extremadamente indispensable.