En 1955, Milton Friedman publicó el artículo “The Role of Government in Education”. En su discusión, declaraba deseable que todo aquel que reúne las condiciones y esté dispuesto a pagar los costos asociados, tenga acceso a la educación superior. Para lograrlo, proponía que el Estado pague por esta educación, evitando así limitaciones arbitrarias a la inversión. A cambio, el individuo tendría que pagar, en cada año posterior, un monto al Estado, proporcional a su renta y combinado al impuesto a la renta ya existente.

¿Le suena conocido? Reducido a su estructura más básica, el economista de Chicago proponía una política equivalente al FES que hoy impulsa el Gobierno. Friedman tuvo, al menos, la honestidad de reconocer a su propuesta por lo que es: un impuesto a los graduados. Antes que alguien se alegre (o enoje) y considere que esto es alguna forma de triunfo (o derrota) cultural, recordemos que, como todo ser humano, Friedman era perfectamente capaz de tener malas ideas. Muy malas ideas, en algunos casos.

Friedman argumenta que, al pagar la educación superior de un individuo, el Estado está comprando una participación en su proyecto económico y que, como todo accionista, tiene derecho a una porción de las utilidades que dicho proyecto genere. No se puede ser más capitalista que eso.

Varios comentaristas ya han explorado en cómo el FES amarra a las instituciones de educación superior al devenir político, las desfinancia aún más de lo que ya hizo la gratuidad (otra discusión en la que la ideología se impuso a la racionalidad) y redundará en aún más restricciones a su operación y autonomía, esa que los rectores defienden con fuerza cuando se trata de presentar los antecedentes que determinan un sabático pero parecen muy dispuestos a ceder cuando se trata de capturar potenciales ingresos desde el Estado.

Lo cierto es que, desde el punto de vista de los estudiantes, el FES es, también, un muy mal proyecto. La deficiencia más importante es la total desconexión entre el costo de la educación recibida por el beneficiario y lo que deberá devolver al Estado en la forma de impuesto.

Es del todo correcto que, en cualquier escenario de financiamiento, el riesgo inherente a los resultados profesionales de una cohorte sea solidariamente compartido. Esto implica que, aunque en promedio cada beneficiario reintegre el costo promedio de sus estudios, aquellos que tengan más éxito deberán pagar algo más para compensar a los que tengan peores resultados y no puedan devolver total o parcialmente los recursos recibidos. Lo anterior no implica, en ningún caso, pagar para siempre y varias veces la carrera. Es perfectamente posible lograr el mismo objetivo con mejores instrumentos que un impuesto a los graduados.

Desconectar el beneficio del cobro es lo que más acerca a este sistema a un impuesto o, como dice Friedman, a vender al Estado parte de la propiedad del proyecto personal.

Robert Nozick dijo que el impuesto a la renta está a la par del trabajo forzado. Si bien no comparto esta opinión del filósofo de Harvard, no puedo negar que, en el caso del FES y a la luz de la interpretación de Friedman, la comparación goza de cierto atractivo.

Por Andrés Hernando, Director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales.