SEÑOR DIRECTOR:
El jueves pasado, el Presidente Gabriel Boric se rehusó a recibir al nuevo embajador israelí ante nuestro país. Se habría tratado de una reacción ante la ejecución por parte del ejército israelí, algunas horas antes, del adolescente palestino Odai Trad Salah, cerca de la ciudad de Jenin. Según cifras de la ONU, entre 2008 y 2022, solo en los territorios ocupados, 6.069 palestinos han sido asesinados.
Las críticas a la determinación del Presidente no se han hecho esperar. Sin embargo, estas críticas olvidan el derecho internacional, específicamente, que los estados -incluyendo el nuestro- son responsables jurídicamente de no solo no reconocer ni prestar asistencia, sino también de ayudar a poner fin a cualquier violación por parte de otro Estado de una norma perentoria de derecho internacional (2001); es decir, normas que no admiten excepción ni derogación y generan obligaciones respecto de los demás estados (erga omnes), entre las que se encuentran la prohibición de practicar el apartheid, la discriminación racial, la anexión, la tortura.
De este modo, sancionar a un Estado hasta que se ciña al derecho internacional no es solo una potestad de nuestros gobiernos, sino una obligación; y por supuesto no es un castigo, es una herramienta conforme a derecho que debe ser proporcional y eficaz, y revertirse cuando el Estado infractor cambie su conducta.
Nadia Silhi Chahin
Abogada
Doctoranda en Derecho, U. de Edimburgo
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.