El juego a dos niveles de Ortega y Murillo



Por Kai M. Thaler, Latinoamérica21

El gobierno nicaragüense -controlado por el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, y su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- está utilizando nuevas leyes para arrestar a sus rivales políticos y acosar a los medios de comunicación independientes de cara a las elecciones previstas para noviembre. En el último mes, el gobierno ha detenido a cinco precandidatos de la oposición, a los líderes del partido sandinista disidente Unamos y a varios líderes de la sociedad civil y del mundo empresarial.

A la vez que ejerce represión en el ámbito nacional, el gobierno busca negociaciones internacionales, probablemente para eliminar las sanciones selectivas contra funcionarios del gobierno y miembros de la familia Ortega-Murillo. Aplastar a la disidencia interna ha sido fácil, pero es poco probable que se consigan concesiones internacionales.

Sin pruebas reales para sus acusaciones, el gobierno se dedica a hacer acrobacias, publicando documentos falsos para implicar a los medios de comunicación, los grupos de la sociedad civil y los precandidatos en una conspiración golpista.

El gobierno afirmó que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por el extranjero. Ahora Ortega y Murillo, a pesar de controlar las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad, intentan convencer a sus seguidores de que los “golpistas” están conspirando de nuevo, ayudados por Estados Unidos y “otras potencias imperialistas”.

A nivel local, Ortega y Murillo están eliminando a los principales candidatos de la oposición antes de las elecciones. También están demostrando su impunidad y su capacidad para amenazar a cualquiera, incluso a integrantes de las familias más poderosas.

La tensión ha vuelto a aumentar entre la oposición y el camino a seguir no está claro. Cualquier candidato que se presente a las urnas en noviembre será probablemente sospechoso de cooptación o considerado como la oposición “elegida” por el gobierno. Muchos empresarios se mantienen callados por miedo a perder beneficios o activos. El banco Banpro respondió tímidamente a la detención de Luis Rivas, su director ejecutivo.

La política, sin embargo, es siempre un juego a dos niveles: los gobiernos actúan pensando en el público nacional e internacional. En Nicaragua, el propagandista del gobierno y periodista William Grigsby ha revelado el plan de Ortega-Murillo durante el último mes, primero amenazando con más arrestos tras las detenciones iniciales. Luego, tras las detenciones de Unamos, Grigsby declaró que el gobierno estaba buscando negociaciones con Estados Unidos.

La plataforma de noticias gubernamental El 19 Digital, también publicó una columna italiana pro-Ortega en la que se afirmaba que “si hubiera que encontrar una solución a la crisis, ésta debe ser entre Nicaragua y Estados Unidos”, ya que el gobierno considera a los detenidos como agentes estadounidenses. Al igual que el régimen revolucionario del FSLN a principios de los 80′, Ortega y Murillo no reconocen el descontento interno, y cualquier amenaza es considerada como un complot imperialista.

Desde esta perspectiva internacional, Ortega y Murillo se dedican a la toma de rehenes como estrategia diplomática. Es difícil que funcione.

En primer lugar, a pesar de las acusaciones, los detenidos no son agentes estadounidenses. En segundo lugar, Estados Unidos se juega menos en Nicaragua que en otras partes de Centroamérica, donde la migración sigue siendo su objetivo. La migración nicaragüense hacia el norte ha aumentado desde abril de 2018, pero sigue siendo baja en comparación con la de El Salvador, Guatemala y Honduras.

En tercer lugar, la nueva administración de Biden está tratando (aunque de manera inconsistente) de volver a enfatizar los derechos humanos y la democracia, así que ¿por qué recompensaría la toma de rehenes? En cambio, Estados Unidos ha ampliado las sanciones a Ortega, a la hija de Murillo, Camila, y a otros funcionarios del gobierno.

Legisladores estadounidenses están trabajando para endurecer las sanciones y para investigar la corrupción del gobierno. Incluso se discute la posibilidad de suspender la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana- América Central, aunque esto o las sanciones generalizadas podrían perjudicar en lugar de ayudar al pueblo nicaragüense.

Las instituciones internacionales se han sumado a la postura de Estados Unidos. Costa Rica lideró a 59 países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exigir el fin de la represión y el respeto de los derechos humanos, haciéndose eco de la posición del Secretario General de la ONU, António Guterres.

La Organización de Estados Americanos votó por una abrumadora mayoría “condenar inequívocamente la detención, el acoso y las restricciones arbitrarias impuestas a los candidatos presidenciales, los partidos políticos y los medios de comunicación independientes”, y pidió “la inmediata liberación de los candidatos presidenciales y de todos los presos políticos”. El Parlamento Europeo está estudiando la posibilidad de suspender los acuerdos de cooperación.

Grupos de la sociedad civil internacional han condenado la represión y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no demoraron en pronunciarse. Más de 750 académicos e investigadores (entre los que me incluyo) firmaron una declaración pidiendo al gobierno la liberación de los presos políticos, el fin de las restricciones a las libertades civiles y la celebración de elecciones libres y justas. Los miembros centroamericanos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales firmaron una declaración específica. Y las asociaciones empresariales centroamericanas condenaron las detenciones y las amenazas a la estabilidad regional.

Sin embargo, algunas instituciones internacionales de Centroamérica han guardado un llamativo silencio, sobre todo el Sistema de la Integración Centroamericana. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica pasó por alto la crisis, tuiteando que el banco “no condiciona su ayuda a valoraciones distintas de las económicas”. Los gobiernos de El Salvador y Honduras también se han mantenido callados, en medio de la profundización de su propio autoritarismo y corrupción.

Los gobiernos de Argentina y México trataron de mantener la posibilidad de ser mediadores, condenando las crecientes detenciones, pero absteniéndose en la votación de la resolución de la OEA y llamando a consultas a sus embajadores. Pero ¿qué implicaría una negociación internacional? Si el gobierno nicaragüense quiere que se levanten las sanciones, debería relajar las restricciones y avanzar hacia unas elecciones libres.

O bien Ortega y Murillo están profundamente equivocados o el llamamiento a las negociaciones es una cortina de humo y el público interno ha sido siempre su objetivo. Después de todo, ¿qué mejor manera de “demostrar” a sus partidarios que están defendiendo a Nicaragua de la intervención imperialista que provocando una protesta internacional?

Esta estrategia reafirma la postura de aproximadamente el 20% de la población que aún apoya al gobierno, pero la oposición sabe que no puede confiar en el gobierno. Lo aprendió en 2018, cuando Ortega y Murillo abandonaron la mesa de negociación para “limpiar” las calles de manifestantes.

Es probable que los debates sobre la participación en el proceso electoral continúen, pero la planificación de la oposición debe centrarse ahora en lo que sucederá después de noviembre, ya que Ortega y Murillo no van a abandonar el poder. Cualquier plan futuro de desobediencia civil necesita un amplio apoyo y unos objetivos claros y centrados en el ámbito nacional.

La atención mundial está ahora en Nicaragua, pero es efímera. Y aunque los actores internacionales deben apoyar a la oposición, las soluciones a la crisis y la alternativa democrática deben provenir de los propios nicaragüenses.

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