El objetivo del doble desfonde

18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 MINISTROS, CRISTI�N MONCKEBERG, IGNACIO BRIONES Y MAR�A JOSE ZALDIVAR, DURANTE PUNTO DE PRENSA EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

Llama a perplejidad que el oficialismo se esté dejando arrastrar por los intentos de la oposición para terminar con el actual sistema previsional y erosionar las atribuciones presidenciales.




A inicios de esta semana La Moneda decidió salir al paso de la reforma constitucional impulsada por parlamentarios de oposición -a la que también se han sumado numerosos diputados y senadores del oficialismo- para aprobar un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales, anunciando la presentación de su propio proyecto. Éste introduce mayores restricciones que la iniciativa de la oposición, limitándolo a quienes hayan recibido ingresos el mes anterior por menos de 100 UF, privilegia el retiro de ahorros previsionales voluntarios y establece un tope para el rescate de 100 UF, contra las 150 UF del proyecto alternativo.

Este giro del Ejecutivo -que se había mostrado contrario a un nuevo rescate, ante el daño irreparable que ello ocasionaría al sistema previsional, y porque supone seguir desconociendo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para proyectos que modifiquen las pensiones o irroguen gasto público, según dispone la Constitución- probablemente responde a un intento desesperado de La Moneda por retomar la iniciativa política, en particular para tratar de ordenar a sus propias filas.

Lo cierto del caso es que la propuesta del Ejecutivo, aun cuando apunte a un rescate más acotado, lo único que está logrando es contribuir a que continúe el desfonde del sistema previsional con el propósito de ser reemplazado, objetivo que en último término persigue la oposición mediante el irresponsable vaciamiento de los ahorros en las cuentas individuales de los trabajadores. Inexplicablemente, en buena parte del oficialismo parecen no advertir lo que subyace a estas maniobras, y en cambio optan por dejarse arrastrar en este juego porque resulta “popular” o bien por los supuestos réditos electorales que traería esta opción, reflejando un preocupante extravío.

El afán de que este nuevo retiro -al igual que el primero- persigue un desmantelamiento del sistema y no tanto un apoyo a los trabajadores queda reflejado en la discusión que se observó esta semana en la Comisión de Constitución del Senado, donde pese a las fundadas advertencias que formuló el presidente del Banco Central para que cuando menos esta vez hubiese un mayor plazo para que las AFP liquidaran activos, la mayoría optó por reducirlo a apenas 15 días hábiles, además de rechazar establecer límites al retiro o el cobro de impuestos incluso a quienes ostentan mayores rentas. Vale decir, no solo se insistió en seguir con el desfonde de los ahorros y así desacreditar al sistema, sino que incluso parece permear la idea de que una cierta desestabilización del sistema financiero podría ser útil a sus propósitos.

La propuesta del gobierno resulta entonces tardía -si al final se consentía en un nuevo rescate entonces el Ejecutivo debió haber presentado un proyecto cuando comenzó la discusión en la Cámara de Diputados, al menos para evitar el desorden en sus propias filas-, pero además errónea, pues junto con potenciar la descapitalización del sistema previsional, insiste en fórmulas que lo desnaturalizan y llevan a más informalidad laboral. En vez de gastar energías en este tipo de proyectos, sería preferible que el Ejecutivo se abocara en las soluciones de fondo. Ello parte por reconocer que el actual sistema solo ha funcionado bien para algunos sectores, y debería proponer cambios que beneficien a la gran mayoría. En lugar de eso, opta por contribuir a desfondarlo, con el alto riesgo de que muchos trabajadores dejen de cotizar en el futuro ante la posibilidad de que sus ahorros dejen de ser suyos y la cotización se vea como un impuesto. Ello implica que habrá todavía menos recursos para un sistema ya muy desfinanciado.

Por cierto que no solo es decidor que los parlamentarios oficialistas se estén dejando llevar por lo que dictamina la oposición en materia de pensiones, sino que al plegarse a reformas constitucionales que buscan desconocer la iniciativa exclusiva del Presidente de la República también están contribuyendo a un desfonde institucional. Detrás de eso no solo está el afán de erosionar la autoridad presidencial y apuntar a su desgaste político, sino también debilitar los cimientos del actual orden constitucional, también para reemplazarlo.

No puede cuestionarse per se que la oposición persiga estos objetivos, pues ello forma parte de su estrategia para posicionarse entre los votantes. Pero sí llama a profunda perplejidad que este doble desfonde -el previsional y el institucional- concurra con el aparente beneplácito del propio oficialismo, perjudicando sus propias posibilidades.

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