Hasta hace dos o tres meses, la inseguridad ciudadana y el combate a la delincuencia eran el eje que definiría la elección presidencial. Hoy sigue siendo el tema principal, pero junto a él, el deterioro del empleo y del consumo se han convertido en una importante prioridad ciudadana. Según la Dirección del Trabajo, en el primer semestre de este año se han producido 297.503 despidos por “necesidades de la empresa”, cifra solo comparable con el registro de 2020, primer año de la pandemia. El deterioro del mercado laboral está golpeando especialmente a las mujeres y, luego del último Ipom del Banco Central, se ha instalado un debate sobre el impacto de la decisión del actual gobierno de impulsar un alza del salario mínimo y la reducción de las horas de trabajo.

En paralelo, la caída en las expectativas de consumo también es significativa. Según la encuesta Cadem, en las últimas dos semanas, el porcentaje de personas que evalúan su situación económica personal y familiar como buena o muy buena baja de 59 a 50%, y los que la consideran mala o muy mala suben de 33 a un 45%; es decir, solo en la última quincena, la brecha entre percepciones positivas y negativas pasa de 26 puntos a apenas 5, un cambio impresionante.

Así las cosas, el deterioro de las expectativas laborales y de consumo, junto a la inseguridad y el miedo a la delincuencia, se han vuelto un cóctel muy complicado para el oficialismo y su candidata presidencial; estado de ánimo colectivo que puede explicar la gran distancia que hoy separa a Jeannette Jara de las principales opciones opositoras en una eventual segunda vuelta. Un desafío político y electoral de la mayor complejidad para una exministra del Trabajo, es decir, la responsable directa de los proyectos que en el último tiempo aparentemente han afectado el empleo formal.

En síntesis, en una sociedad donde cada día es más difícil separar el miedo a la delincuencia y el temor a la precarización económica, difícilmente se puede apostar a la continuidad. Es el drama del actual gobierno: un país que vive las secuelas de reformas impulsadas por su sector político, hijas de un discurso refundacional cuyas principales víctimas son y han sido los más pobres. Gente que desde el inicio de esta administración pasó de la esperanza a la desesperanza, y luego de la desesperanza al miedo. Y que, como lo ilustran diversos estudios, hoy incluso está dispuesta a sacrificar grados de libertad para poder sentirse más segura.

Miedo a la delincuencia y temor a la precarización económica, dos clivajes que han terminado por converger en uno solo; desencanto y pérdida de confianza que hoy se inclinan hacia una agenda que contrasta con los énfasis y estados de ánimos de hace cuatros años atrás. Apuesta quizá ahora sin grandes ilusiones, y que a partir de marzo seguramente confirmará que un pueblo con pocas esperanzas es un pueblo con poca paciencia.

Por Max Colodro, filósofo y analista político