La caída del fondo E ha abierto una discusión necesaria sobre las decisiones de inversión de las AFP. Pero hay otra dimensión de esta crisis que merece la misma atención. Cuando se administran los ahorros de millones de personas, la responsabilidad no termina en la rentabilidad. También incluye explicar las decisiones, reconocer sus consecuencias y dar la cara cuando las cosas salen mal.

Entre enero y septiembre, el fondo E acumuló una pérdida real de 10,39%, según la Superintendencia de Pensiones. El organismo inició esta semana procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras para determinar si incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia. La investigación permitirá establecer las responsabilidades. Mientras tanto, los afiliados tienen derecho a ser informados de por qué las cosas salieron tan mal.

Sería injusto decir que no han comunicado. La mayoría de las administradoras enviaron correos a sus afiliados explicando las pérdidas y, en algunos casos, mostrando señales de recuperación. Son esfuerzos valiosos, pero insuficientes. Un correo corporativo puede informar, pero difícilmente reemplaza a un presidente o gerente general dispuesto a explicar públicamente lo que ocurrió, qué riesgos se asumieron y qué se hará distinto en el futuro.

Esto último es importante porque una persona que ve caer sus ahorros no solo quiere saber que la razón que hay detrás es el alza de las tasas en Estados Unidos. Quiere entender por qué su administradora eligió una exposición determinada, cómo evaluó sus riesgos, si existieron alertas y cómo responde por esas decisiones. La explicación técnica es necesaria, pero no puede convertirse en una forma de eludir las preguntas difíciles.

Es comprensible que, ante procedimientos regulatorios abiertos, los equipos legales recomienden prudencia. Nadie debería anticipar conclusiones ni reconocer responsabilidades que todavía se investigan. Pero prudencia no es silencio. Se puede informar con rigor, reconocer la preocupación de los afiliados y comprometer transparencia sin interferir en una investigación.

En una crisis de confianza, el tiempo también comunica. Cada día sin una voz reconocible deja espacio a interpretaciones, sospechas y versiones de terceros. Y cuando la respuesta queda casi exclusivamente en manos del gremio, se diluye algo esencial. La Asociación de AFP puede explicar el funcionamiento del sistema, pero no puede rendir cuentas por las decisiones particulares de inversión de cada administradora.

Aquí los directorios tienen una tarea que excede la supervisión financiera. Deben exigir una explicación comprensible, oportuna y verificable, con responsables identificables y medidas de corrección cuando corresponda. No se trata de organizar una campaña reputacional ni de prometer que las pérdidas se recuperarán. Se trata de tratar a los afiliados como dueños de los recursos, no como destinatarios pasivos de un comunicado.

Las AFP adoptaron estrategias similares de inversión en instrumentos asociados a las tasas de interés internacionales, fenómeno que ha sido descrito como un efecto manada. Y, frente a la crisis, sus respuestas públicas parecen haber seguido otra conducta colectiva, esta vez marcada por la escasa exposición de quienes son los responsables de la administración de esos fondos.

La investigación determinará si hubo infracciones en las decisiones de inversión, pero hay una responsabilidad que no puede esperar sus resultados. Las AFP administran mucho más que recursos financieros, administran los ahorros de toda una vida y, con ellos, las expectativas de millones de personas sobre su futuro. Esa responsabilidad exige transparencia, ética, liderazgo y la disposición a dar la cara cuando las cosas salen mal. Porque el mayor riesgo de esta crisis no son las pérdidas de los fondos, sino que se termine erosionando algo mucho más difícil de recuperar que la rentabilidad: la confianza de los chilenos en quienes administran sus pensiones.

El autor de la columna es socio de Mirada Externa