Hay autoridades que, casi inadvertidamente -mejor dicho, sin que nadie se dé cuenta- han estado ancladas al poder por largo tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la señora Adriana Delpiano, hoy ministra de Defensa Nacional. Ella viene ocupando cargos públicos de enorme responsabilidad desde, al menos, el año 1994, colocándose en altas posiciones en los gobiernos de Frei, Lagos, Bachelet y Boric. Convengamos que son pocas las personas dotadas de una capacidad tan extraordinaria como para haber sido ministra de Educación, ministra de Bienes Nacionales, ministra de la Mujer, y ahora, de Defensa. Una explicación plausible es que haya manejado sus silencios con habilidad o, también hay que admitirlo, que su trabajo lo realice sin estridencias.

Hace pocos días, apartándose de su costumbre, se ha referido a la violencia en la Araucanía. A su juicio, la Coordinadora Arauco-Malleco, Weichán Auka Mapu, Resistencia Mapuche Lafknche, Liberación Nacional Mapuche, Reistencia Mapuche Malleco, no califican como organizaciones terroristas sino simplemente serían delincuentes comunes, la mayor parte dedicados al robo de madera. Crímenes organizados, una categoría menor al terrorismo. Los asesinatos de carabineros, agricultores y hasta de mapuches inocentes, quemas de iglesias, destrucción de maquinarias, usurpaciones violentas, son simples medios empleados para cometer los robos. Que los beneficios se gasten en comprar armas vendría a ser un detalle.

Los nombres de Héctor, Ernesto y Pelentaro Llantul, Walter Araneda, el novicio jesuíta Luis García Huidobro, Fidel Tranamil, Nelson Queupil, y otros condenados, encarcelados o prófugos, no le sugieren la idea de una organización destinada a horrorizar a la población. Esta visión del delito común en vez de terrorismo se replica en el caso del narcotráfico y las mafias que han hecho de Chile un campo fecundo para imponer la ley de la fuerza, ajusticiar a mansalva, secuestrar, torturar, explotar menores, y, desde luego, horrorizar.

Acá subyace un tema de fondo que se entiende a medias. Los gobernantes actuales reniegan de la Constitución, hubiesen querido sustituirla por otra en que las instituciones democráticas dejarían de regir e incluso los grupos violentos tendrían participación política. De otra manera no se entiende que, disponiendo la Carta Fundamental que “El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”, eviten calificar como tal a quienes la ley describe como organizaciones creadas para producir en la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctimas de delitos, sea por los medios empleados, sea por la evidencia de que obedecen a un plan premeditado para atentar contra las personas, sea porque se cometen para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. ¿Acaso no es esto lo que ocurre a diario en Chile?, ¿no son las autoridades temerosas de estos grupos, a los que, por no perseguirlos como terroristas en cierto modo los consiente? Hemos debido soportar la conducción de un Presidente débil y de unos ministros incapaces de dar seguridad a la población. Aunque resulta difícil de creer, algunos de ellos, como la señora Delpiano, pueden perpetuarse como autoridades sin que nos demos cuenta. Es el poder de los débiles.

Por Álvaro Ortúzar, abogado.