La próxima semana comienza el cierre del último año legislativo del Presidente Boric. En educación hay una agenda intensa, con proyectos de ley con importantes consecuencias. Es fácil intuir que el gobierno buscará aprobar estos proyectos para construir un relato sobre su legado. Para lograrlo, es razonable que elija bien sus batallas.

Por la inspiración política del gobierno, lo razonable es que se priorice la votación final del proyecto que ajusta la implementación de la nueva educación pública. La iniciativa logró un buen acuerdo en el Senado, que hasta el momento la Cámara ha respetado. Le entrega atribuciones de conducción relevantes a la Dirección Nacional de Educación Pública, especialmente en materias financieras, lo que permite un mayor control sobre los actuales y futuros SLEP, sin centralizar la gestión. Contiene herramientas que permiten asegurar un mejor proceso de traspaso, en particular respecto al flujo de información desde los municipios. Las modificaciones propuestas no abordan los aspectos más críticos de la implementación de los SLEP, ni se hacen cargo de las deficiencias de diseño, lo que le ha valido críticas justificadas de la oposición. Pero no debe perderse de vista que las nuevas atribuciones que se entregan a la DEP serán muy útiles en la implementación de la segunda mitad de la reforma.

Atendiendo quizás a uno de los problemas más graves que aquejan a los colegios, está en sus últimos trámites un proyecto de ley de convivencia escolar. A diferencia del proyecto de educación pública, se trata de un proyecto muy deficiente, que no resuelve ningún problema relevante en materia de convivencia. Más bien, busca densificar la burocracia que hoy sobrecarga a los colegios, sin hacerse cargo de financiar las nuevas exigencias. La aprobación de este proyecto, de ocurrir, no traerá cambios relevantes, pero dará una falsa sensación de solución. No se entiende muy bien por qué el Senado decidió tramitar un proyecto tan deficiente, que no genera entusiasmo de nadie porque, justamente, no hace nada. Teniendo tanto que hacer en esta materia, lo prudente sería que este proyecto no se aprobase en su estado actual.

En las últimas semanas, el proyecto de Sala Cuna Universal, que lleva mucho tiempo tramitándose, fue priorizado por el gobierno. Es poco probable que se apruebe en esta administración (recién está en primer trámite: la Cámara de Diputados no la ha visto) y le hacen falta cambios relevantes para que sea aprobado en la Comisión de Educación del Senado. En la forma de tramitar este proyecto se ha visto muy claramente el voluntarismo del gobierno, que buscar esconder, detrás de las buenas intenciones y popularidad de la sala cuna, un proyecto que puede tener un impacto enorme en el mercado laboral. Desde el punto de vista educativo tiene un punto ciego muy grave: es imposible que el sistema educativo parvulario –pequeño, mal financiado y sobre regulado por un reconocimiento oficial inviable para la mayoría de los jardines- pueda hacerse cargo de la demanda de cupos que traería esta reforma.

Finalmente, está el FES. Más allá del mérito y opinión técnica del proyecto –y el hecho de que no tiene apoyo alguno– el hecho concreto es que el gobierno tomó una estrategia que fracasó. Intentó usar al Consejo de Rectores (CRUCH) como llave para allanar al Senado, pero no logró convencer a universidades claves. Al poner todos los huevos en esa canasta, se quedó sin margen. Las observaciones técnicas del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos fiscales y la “contabilidad creativa” del proyecto, refrendadas por la Contraloría General de la República, no lograron ser subsanadas por el Ministerio de Hacienda. No se entiende bien a qué juega el gobierno en esta etapa, más allá de mantener la bandera del “fin al CAE” sobre la mesa.

Un legado en educación pública es potente y significativo. Y es un objetivo lograble, si se pone el pragmatismo por sobre la ideología.

Por Daniel Rodríguez M., director ejecutivo de Acción Educar