Para que una política pública funcione y sea sostenible en el tiempo debe contar con los recursos financieros e incentivos apropiados, pero también con resultados que la avalen frente a diversos escenarios. Esto ocurre porque los recursos son escasos y las necesidades múltiples, lo que exige priorizar y focalizar. Los recursos económicos que se destinan a una política pública determinada dejan de financiar otras políticas públicas o derechos sociales que pueden ser prioritarios, tales como salud, vivienda o educación primaria. Últimamente, este debate lo hemos visto frente al alza en los precios de los combustibles, con sus razones y consecuencias, así como también en la política de gratuidad en la educación superior en Chile.

Las políticas públicas están sujetas a revisiones y correcciones cuando no logran sus objetivos. En la educación superior, por ejemplo, los efectos de la gratuidad han sido extraordinarios en términos de amplificar el acceso; sin embargo, el impacto de esta masificación educativa no ha sido equivalente en términos de productividad, generación de empleo, movilidad social y crecimiento económico. Lo cierto es que Chile lleva casi 15 años con la productividad laboral estancada... ¿No debería el financiamiento público en la educación superior contribuir de manera más concreta en proyectar el desarrollo económico y social del país? ¿No deberíamos corregir algunos elementos o incentivos en esta política pública?

Las instituciones de educación superior no siempre cuentan con los incentivos adecuados para adaptar su oferta educativa a las necesidades de las diversas industrias, lo cual termina redundando en una oferta educacional demasiado homogénea, poco pertinente desde el punto de vista productivo y territorial. Tienen restricciones internas, compromisos presupuestarios, exigencias de cuerpos docentes y administrativos, requerimientos de investigación, obligaciones normativas y objetivos de matrícula que cumplir. Así, sus esfuerzos no necesariamente se centran en las trayectorias futuras de los estudiantes, lo cual es un error. La preocupación por lo urgente se come lo importante: este inmediatismo es un virus cultural que ha contagiado demasiados ámbitos de nuestra sociedad. Por supuesto, siempre existen excepciones.

Si aspiramos a ser una nación desarrollada, no podemos prescindir de la persecución de resultados concretos y medibles para cualquier política pública, incluyendo la gratuidad en la educación superior. Por de pronto, todas las instituciones de educación superior debiesen disponer de cifras de empleabilidad de sus carreras. La transparencia de la información permitiría evaluar qué técnicos y profesionales necesita Chile, orientando las decisiones de los estudiantes, así como la elaboración de políticas públicas específicas que aseguren la alineación entre educación y necesidades nacionales y regionales. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) exige índices de empleabilidad a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, pero no a la Universidades. ¿Por qué?

Como un ejemplo de lo anterior, mientras el desempleo supera el 8%, sería relevante que las instituciones de educación superior consideren el Estudio de Fuerza Laboral del Sector Energía 2025, el cual proyecta entre 29.000 y 56.000 los requerimientos de nuevos profesionales para los próximos diez años. Asimismo, el Consejo de Competencias Mineras estima que hacia 2032 harán falta más de 34.000 especialistas en minería. Estos datos muestran por qué la información pública sobre empleabilidad debe guiar una estrategia formativa que influya en el financiamiento público. En la misma línea, considerando el cambio demográfico, es fundamental la promoción de rutas cortas y certificaciones que permitan a las personas, a cualquier edad, actualizar conocimientos, reconvertirse profesionalmente y responder con rapidez a las oportunidades del mercado laboral. Los incentivos para esta abordar esta realidad demográfica no están disponibles.

No se trata de eliminar o restringir oportunidades, sino de diseñar incentivos articulados que permitan a la educación generar capital humano relevante, aumentando la productividad, empleabilidad y movilidad social. Perfeccionar la gratuidad, junto a políticas de focalización y pertinencia, es la vía para convertir la inversión pública en oportunidades reales y crecimiento sostenible para nuestro país. La pregunta relevante, entonces, no es solo cuánto se gasta, sino si tales recursos están cumpliendo su promesa más profunda: contribuir a que las personas sean más libres, más capaces, más realizadas personalmente y con una posibilidad real y concreta de aportar al desarrollo de Chile.

Por Lucas Palacios Covarrubias, rector Inacap