Errada política de fijación de precios en Argentina

Women shop at a supermarket in Buenos Aires, Argentina, Monday, Oct. 18, 2021. Amid rising inflation, the government of President Alberto Fernández is asking food companies and supermarkets to freeze the prices of over 1,000 products, from shampoo to pasta and beverages. (AP Photo/Victor R. Caivano)

Recurrir a la fijación de precios para frenar la inflación puede ayudar a contener temporalmente las protestas sociales, pero solo terminará agravando el problema.




Frente a una inflación interanual que llegó en septiembre pasado a un 52,5% y a un crispado ambiente social, con masivas manifestaciones en contra del alza de precios, el gobierno argentino optó por responder con la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo”. La medida, que se extenderá por 90 días, fue anunciada por el secretario del Comercio Interior quien aseguró, a través de Twitter, que con ella lo que se busca es dar “una respuesta rápida y concreta a los argentinos”, y de paso arremetió contra sectores empresariales.

No es la primera vez que las autoridades transandinas recurren a este mecanismo para contener el alza de precios -también lo hizo el expresidente Mauricio Macri-; pese a ello, aún parecen no estar conscientes no solo de la ineficacia de la medida para enfrentar la inflación sino de sus graves efectos a mediano y largo plazo. Más allá de los eventuales beneficios electorales que la acción podría traerle al gobierno, para revertir las malas perspectivas de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo, en los hechos no hará más que ahondar la grave situación económica transandina y la consiguiente inestabilidad política en los próximos años.

La fijación temporal de precios no pasa de ser una medida “parche”, que será del todo ineficaz si no va acompañada de un plan más profundo de corrección de los severos desequilibrios que enfrenta la economía transandina. La historia reciente del país y de América Latina tiene ejemplos claros de los efectos dañinos que han causado acciones similares en las industrias afectadas, al limitar los incentivos para la inversión y terminar generando desabastecimiento. Si bien los desajustes fiscales que explican el proceso inflacionario no son nuevos en Argentina -el país acumula más de 60 años de déficit fiscal-, el problema se ha acrecentado en los últimos años.

Con una economía que se desplomó durante la pandemia cerca de un 10%, una deuda pública cercana al 90% del PIB y más de US$ 20 mil millones destinados a medidas de ayuda durante la pandemia, el actual escenario económico que vive el país era previsible. Más aún considerando que el gobierno respondió con una fuerte expansión monetaria -sin respaldo en el mercado de capitales- para hacer frente a la crisis. De esta manera solo en 2020 el déficit público aumentó a casi un 9% del PIB, duplicando el del año anterior. Frente a eso, como habían advertido diversos analistas, el riesgo de enfrentar un fuerte brote inflacionario era casi inevitable.

La respuesta para contener la crisis no pasa por recetas fracasadas, que si bien pueden traer beneficios políticos de corto plazo y atenuar la protesta social, terminarán agravando a mediano plazo el escenario económico argentino, alejando la inversión y generando eventuales problemas de escasez. Lo que Argentina requiere para subsanar una inflación crónica que ha sido incapaz de controlar por décadas son cambios estructurales y una decidida política de ajuste fiscal que ayude a reducir los actuales desequilibrios económicos. Un camino que los últimos gobiernos argentinos se han resistido a aplicar y que de no llevarse a cabo adelanta un largo periodo de inestabilidad en ese país.

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