El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hace algunos días estado de emergencia nacional, una medida que le permitiría disponer de los recursos necesarios para construir el muro en la frontera con México, el cual forma parte de una promesa de campaña electoral. La decisión la adoptó solo horas antes de que se extinguiera el plazo dado por el propio mandatario para lograr un acuerdo sobre el presupuesto y evitar así un segundo cierre del gobierno federal en menos de dos meses.

La acción del mandatario ha despertado cuestionamientos no solo en la oposición demócrata, sino también de su propio partido por el temor a que termine debilitando las facultades de las que dispone el Presidente en EE.UU. No es la primera vez que un mandatario recurre a esta prerrogativa, pero sí la primera en que se cuestiona la existencia real de una emergencia nacional que la justifique. Trump insiste que la crítica situación que, según él, se vive en la frontera sur de EE.UU. por el arribo de inmigrantes ilegales, exige adoptar esta medida defensiva. Sin embargo, de acuerdo con las cifras oficiales el panorama en esa zona ha venido mejorando en los últimos años. Según un estudio del Pew Research Center de noviembre de 2018, la población de inmigrantes no autorizados en EE.UU. cayó a 10,7 millones en 2016, su nivel más bajo desde 2004. Asimismo, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. realizó un total de 396.579 detenciones en la frontera sur en el año fiscal 2018, menos de la mitad de lo que se registraba hacia una década.

Lo anterior adelanta un complejo camino para que el Presidente pueda hacer uso efectivamente de los recursos para la construcción del muro y abre lo que, se prevé, será una ardua batalla judicial. Al menos 16 estados ya decidieron sumarse a una acción colectiva contra el mandatario en los tribunales para frenar la declaratoria de emergencia nacional. Nunca antes se ha desafiado ante la justicia esa facultad presidencial, lo que plantea un escenario inédito e incierto que terminará en la Corte Suprema y, probablemente, ahondará la polarización que vive EE.UU.