SEÑOR DIRECTOR:

Tras una larga espera y mucha expectativa, el gobierno finalmente anunció su Política Nacional de Litio. La noticia no fue bien recibida por los mercados, que incluso rememoraron tiempos de nacionalización de los recursos naturales. La reacción es comprensible considerando que se trata de un producto clave para la transición energética, donde Chile tiene enormes oportunidades de aprovecharlo a su favor; sin embargo, en vez de buscar la forma de maximizar su valor y contribuir con ello al progreso del país, se opta por privilegiar una mirada ideológica.

Básicamente, el esperado anuncio propuso que el Estado se involucre en todo el ciclo industrial a través de una alianza más pública que privada. Si el proyecto a desarrollar resulta “estratégico” (es decir, atractivo), el Estado tomaría el control a la espera de que los privados aporten el capital, la tecnología y la experiencia, a cambio de una participación minoritaria.

El principal objetivo, obviamente, está puesto en la joya de la corona: el Salar de Atacama. La principal empresa incumbente, cuyo contrato vence el 2030, bien sabe que su única opción es sentarse a negociar. Suena a regulación expropiatoria.

Para el resto de los salares, en tanto, se propone replicar condiciones de los contratos existentes, que en los hechos solo son compatibles con las condiciones naturales privilegiadas del Salar de Atacama, lo que augura que habrá poco interés por invertir en Chile, salvo alguien que cuente con mayor capacidad de negociación y fuerte participación a nivel mundial.

Algunos pueden pensar -por razones políticas- que este camino es la única posibilidad de aumentar la producción actual y aprovechar el buen ciclo del mercado de litio, en vista que ningún proyecto nuevo vería la luz antes de una década. Sin embargo, ninguna razón es suficiente para retroceder a los tiempos del Estado empresario, cuyos malos resultados y captura política ya conocemos. Peor si imaginamos un escenario en que, tal como propuso el programa de gobierno, el Estado comienza a involucrarse en otras industrias relevantes.

Habiendo tantas mejores formas de allegar recursos al Estado, no hay razón económica, social ni ambiental para hipotecar nuestro futuro aceptando fórmulas probadamente fracasadas.

Susana Jiménez Schuster

Vicepresidenta CPC