Tras el aumento del pesimismo ciudadano en 2026, a niveles comparables a los de la pandemia, el gobierno empieza a respirar algo aliviado, al ver florecer los primeros brotes verdes producto de los esfuerzos desplegados para impulsar su programa. Entre tropiezos y desorden de sus filas, logró potenciar dos hitos: la tramitación de la ambiciosa Ley de Reconstrucción y —tras meses sin responder a las expectativas de campaña en seguridad— el lanzamiento de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Las encuestas recientes reportan respaldo a ambos proyectos (Cadem, UDD). El Ejecutivo esperará que esto le permita romper la inercia, cerrar su etapa de rodaje, aglutinar a su “no coalición” —partidos que lo apoyan, pero se indisciplinan en público—e insuflar energía a un equipo que ha lidiado más con problemas autoinfligidos que con logros. Y, sobre todo, querrá frenar la desesperanza ciudadana respecto de su conducción del país. Se apostará, así, al tránsito hacia un periodo de recuperación. Sin embargo, sería ingenuo creer que el giro en la opinión pública será rápido.

Un primer elemento para considerar es la profundidad del pesimismo, asentado en el mayor desempleo. Se necesitará más que una reforma que concite aplausos de inversionistas y expertos, o muestre resultados recién en un par de años: la ciudadanía espera verlos pronto. Y si bien la preocupación económica ha crecido con fuerza en todo el mundo, su intensidad en nuestro país abruma: Chile está entre los países con mayor pesimismo, muy por sobre Latinoamérica (Ipsos,2026), y lleva más de quince semanas en su nivel más alto desde marzo de 2014 (Cadem).

La agenda de seguridad enfrenta un problema similar. El delito, primera preocupación ciudadana desde hace décadas, nos hace destacar —en mala hora— a nivel mundial: Chile figura entre los países con mayor sensación de inseguridad (Gallup, 2026). Las percepciones no van ancladas a la evolución de la victimización: nacen de distintas experiencias de inseguridad —local y mediática—, lo que revela la complejidad de mitigar la ansiedad que provoca la delincuencia.

Se suma el peligro de que el populismo penal enturbie la discusión parlamentaria. Es fácil imaginar la tramitación de la agenda de seguridad entorpecida por el fuego amigo y la creatividad de un sector de la derecha—ya mostrados en campaña— para proponer iniciativas efectistas, sin contundencia para resolver el crimen, que solo enlentecerían la aprobación de las propuestas realizadas por el gobierno

La megarreforma y la agenda de seguridad, si bien pueden fertilizar el terreno para una recuperación de las expectativas, anticipan el largo trecho que resta para un cambio de rumbo sustantivo en las percepciones. Los problemas de la economía, el orden y la seguridad no se resolverán de un día para otro; difícilmente las medidas anunciadas tendrán impacto inmediato en las personas.

Por Magdalena Browne, decana de Comunicaciones y Periodismo Universidad Adolfo Ibáñez