El término del estado de excepción constitucional de catástrofe, que rige desde el 19 de marzo de 2020, y que desde entonces fue prorrogado sucesivamente hasta el 30 de septiembre, constituye una señal fundamental para el país. Dictado con motivo de la pandemia, en virtud de dicha excepción constitucional el país fue objeto de extensas cuarentenas -entre las de mayor duración a nivel mundial-, así como del toque de queda, el que rigió ininterrumpidamente en todo el territorio hasta anoche.

Ha sido gracias a los significativos avances en el control de la pandemia -donde el proceso de vacunación ha sido un hito decisivo- lo que permite al país empezar a recuperar parte de su normalidad, largos meses en que el comercio, las actividades recreativas, educacionales e incluso las prestaciones de salud se han visto gravemente interrumpidas.

Es importante comprender que la fase en la que ha entrado el país no puede llevar a bajar la guardia en materia sanitaria. Si bien el número de contagios diarios lleva varias semanas bajo los mil casos, hay informes que ya advierten que algunas ciudades del país podrían estar entrando a una tercera ola, lo que exige prudencia tanto en la vigilancia sanitaria como en los hábitos de la propia ciudadanía, de cuya conducta dependerá críticamente que no se experimenten retrocesos.

El mejor escenario sanitario que hoy se vive y la recuperación de las libertades de desplazamiento no debe llevar a olvidar, sin embargo, que todavía hay vastos sectores que seguirán lidiando con los efectos de la pandemia, y que nos recuerdan que la plena normalidad todavía está lejos de lograrse. Desde luego, miles de familias seguirán sufriendo los embates de la crisis, pero también importantes sectores de la economía que en virtud de una serie de normas dictadas con ocasión de la pandemia no han podido recuperar la normalidad, acumulando deudas que pueden ocasionar daño sistémico.

En ese orden, una de las materias más acuciantes es la ley que postergó el pago de los servicios básicos a una parte importante de la población, la cual ha sido objeto de prórrogas, extendiendo el plazo de no pago hasta diciembre de este año. Se ha acumulado una deuda superior a los US$ 600 millones, y sin perjuicio de que la norma estableció un plazo perentorio para que el deudor pueda regularizar su situación, en muchos casos ello empezará a ocurrir cuando las familias dejen de percibir las actuales ayudas estatales, como el IFE. Si más adelante se detectan problemas para cumplir con el pago de las obligaciones, el gobierno y el Congreso deberán estudiar fórmulas para enfrentar el problema, pero el peso no debería seguir trasladándose a las empresas, que tienen el derecho a cobrar por los servicios que prestan.

Por su parte, miles de pequeñas y medianas empresas deberán también servir los créditos de emergencia que han solicitado, lo que de no poder cumplirse podría ocasionar graves trastornos en el sistema financiero, un riesgo respecto del cual la autoridad debe estar muy vigilante.

Tampoco cabe desestimar el sinfín de mociones parlamentarias que se han presentado con motivo del estado de excepción y la pandemia, para suspender todo tipo de cobros o asegurar la estabilidad laboral. Una de las más complejas es aquella iniciativa -ya aprobada en la Cámara Baja- que suspende entre otros los embargos y los lanzamientos, por los evidentes perjuicios que ello causaría en miles de familias que viven de un arriendo. Terminado el estado de excepción, el Congreso también debe hacer un esfuerzo para desestimar iniciativas que trabarán un pronto retorno a la normalidad.