Las 16 versiones anteriores que se rindieron de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), fueron muy consistentes en mostrar que los resultados obtenidos por los estudiantes están directamente relacionados con su posición social. Esto es, aquellos estudiantes con una posición social con mayores privilegios obtienen mejores resultados que los estudiantes provenientes de sectores sociales más deprivados. Esto es más evidente en el grupo de estudiantes de establecimientos Técnico Profesional, quienes han demandado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Chileno por esta razón (CIDH, Caso 13.575).

Sumado a esta característica, que se repite año tras año tanto en esta prueba, como en el Simce y PISA, existe un cúmulo de informes realizados por expertos nacionales e internacionales que evidenciaban que la prueba no cumplía estándares de predictibilidad y de equidad. Dos aspectos centrales a la hora de evaluar la calidad de una prueba de selección universitaria, junto con el uso que se hace de los resultados.

Para ilustrar estas afirmaciones, son varios los estudios que se pueden visitar, como por ejemplo, el informe que se mantuvo oculto por siete años realizado por el Educational Testing Service (ETS, 2005), donde se indicaba claramente los puntos críticos a mejorar: los propósitos y usos de la prueba, los métodos utilizados, la transparencia de información y los resultados por subgrupos. Posteriormente, en el año 2010, otros (as) investigadores(as) pusieron en cuestión tanto la predicción como la equidad de la prueba (Koljatic, Silva, 2010). Por su parte, en el año 2013, el Informe Pearson, valida nuevamente lo que se venía diciendo respecto a la predictibilidad y de la equidad, junto con el inadecuado uso de los resultados de la prueba para objetivos ajenos a la selección (Pearson, 2013). Más próximos en el tiempo, en el año 2018, nuevamente una comisión de expertos informa que la prueba debe cambiarse en aspectos centrales, que comprometen la capacidad predictiva y la equidad, a la vez de advertir de inadecuados usos adicionales (Cruch, 2018).

En el escenario actual, cuando no sabemos cuál será el destino de la versión 17, es necesario reconocer que estamos ante una disyuntiva mucho mayor que el aplazamiento de la prueba, puesto que no se puede resolver en breve tiempo, lo que no se ha resuelto en todos estos años. Las observaciones y recomendaciones que distintos expertos han generado en estos años de funcionamiento de la PSU junto con la nueva Ley de Educación Superior, entrada en vigencia el año 2018, que en su articulado indica que se propiciará un Sistema de Acceso objetivo y transparente a la educación superior, el que deberá considerar, entre otros, la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de los estudiantes (Ley Num. 21.091, Art. 11), lleva a concluir que la PSU, tal como la conocemos, no debiera aplicarse más.

Entonces es necesario y oportuno preguntarse, ¿cuál es ese sistema de acceso que habla la ley?, ¿estará operativo para el próximo proceso de admisión? Sería deseable que las comunidades académicas, los establecimientos escolares, las familias, y por supuesto, los estudiantes, tuviéramos una real participación en el diseño de un nuevo sistema. Completamente fuera de lo deseable sería que nos "enteráramos por la prensa" de los cambios.

La solidez de las evidencias mostraba que el término de la PSU, debió haber sido menos dramático, jamás debió ocurrir que nuestros estudiantes pusieran en riesgo su integridad física y emocional porque los organismos responsables no hicieron su tarea de manera oportuna. Son ellos quienes no cumplieron su obligación y están al debe con la sociedad en su conjunto.