Perplejidad es lo menos que ha dejado la remoción del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura. En cuestión de horas, la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de acoger el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, fulminó la tarea investigativa del persecutor. En su reemplazo fue designado el jefe de la fiscalía de dicha región, quien hoy tiene a su cargo el proceso sobre la fundación Democracia Viva.

Más allá de las consideraciones respecto a la legalidad de una interceptación telefónica, la caída de Cooper pone un delicado manto de incertidumbre sobre la decisión y capacidad de la justicia para llegar hasta las últimas consecuencias en un caso que compromete a una importante red de influencias del oficialismo, y una descomunal cifra de recursos públicos. En rigor, las implicancias políticas de este caso son tan obvias, que el cambio de escenario sólo vino a reforzar las dudas sobre la independencia y la voluntad de los órganos jurisdiccionales, en un momento en que las instituciones atraviesan una grave crisis de confianza.

No es fácil entender cómo en un caso de estas repercusiones el fiscal a cargo comete el error de decretar una medida intrusiva ilegal, siendo respaldado en ello por una jueza de garantía. Cuando lo imperativo era que la investigación no dejara margen para las suspicacias, dar plenas garantías de que el poder político no tiene espacio para intervenir en un caso cuyas hebras lo tocan íntimamente, estos acontecimientos van en la dirección contraria y alimentan el fantasma del vergonzoso precedente dejado hace unos años por la investigación sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Quizá fiscales y jueces todavía no alcanzan a comprender lo que se juega en estos casos. Quizá lo entienden y no les importa, pero lo ocurrido este viernes es un enorme baldón de estiércol derramado sobre su propia imagen, otra mancha en su supuesto compromiso con la administración de justicia y la probidad. La verdad es que el daño que se han vuelto a provocar es inconmensurable, y ocurre en el contexto de la principal crisis de seguridad y orden público de las últimas décadas, cuando el deterioro de las instituciones es hoy el caldo de cultivo de una enorme desesperanza.

El fiscal Cooper podrá haberse equivocado al utilizar una interceptación telefónica ilegal. La jueza de garantía pudo cometer el error de validarlo. Puede que no hubiera más alternativa que la remoción del fiscal. Pero, no nos confundamos, nada de eso es aquí lo principal. Al final del día, lo único que importará es que la labor de fiscales y jueces permita esclarecer, sin manto de dudas, dónde están las decenas de miles de millones de pesos hoy extraviados. Quiénes son los responsables de que esos recursos públicos no llegaran a donde debían llegar y cuáles serán las sanciones que se apliquen a dichos responsables. Eso es, en rigor, lo único relevante; esa es la obligación ineludible que la Justicia tiene con cada ciudadano.

Por Max Colodro, filósofo y analista político