Esta semana el gobierno presentó dos proyectos de ley con el objetivo de fortalecer la seguridad en el contexto educativo y abordar la violencia escolar, luego de graves hechos que han vuelto a poner en evidencia una realidad compleja que, lamentablemente, no es nueva. Estas situaciones reflejan un escenario que desde el mundo educativo ya se venía advirtiendo como un fenómeno creciente y cada vez más complejo.

Abordar esta problemática es clave. La evidencia nos muestra que la exposición a situaciones de violencia —especialmente cuando se trata de episodios graves— tiene consecuencias significativas en la trayectoria educativa de los estudiantes. Quienes enfrentan estos contextos presentan mayores probabilidades de ver afectada su salud mental, de faltar a clases y de repetir de curso, así como menores probabilidades de completar su trayectoria escolar o acceder posteriormente a la educación superior. Sus efectos tampoco se limitan a los estudiantes: también se ha detectado una mayor rotación de profesores e incluso un deterioro en la salud mental de los padres.

Bajo esta realidad, avanzar en normas que permitan a los establecimientos contar con más herramientas para enfrentar situaciones complejas parece no solo razonable, sino necesario. Las escuelas difícilmente pueden cumplir adecuadamente su tarea educativa si no cuentan con suficientes mecanismos para enfrentarlas. Con todo, sabemos que se trata de un fenómeno complejo y multidimensional, cuyos orígenes no siempre están asociados al espacio escolar y que, en ocasiones, superan las herramientas con que cuentan los propios establecimientos.

Aun así, esta discusión también abre la oportunidad para una reflexión más amplia sobre el marco en que hoy educan los colegios. Durante los últimos años, el sistema escolar ha acumulado una creciente cantidad de regulaciones, procedimientos y restricciones que han ido reduciendo los márgenes de acción de directivos y docentes. En la práctica, esto ha significado que decisiones que antes podían resolverse dentro de los propios establecimientos de forma directa y rápida, hoy deban atravesar procesos largos y complejos. A esto se suma una creciente carga administrativa que muchas veces termina distrayendo tiempo y recursos de la principal tarea de la escuela: enseñar.

Por otra parte, resulta fundamental seguir fortaleciendo la autoridad docente y directiva, así como promover una mayor responsabilidad y participación de las familias en el proceso educativo, al ser actores fundamentales. La formación de los estudiantes no es una tarea que recaiga únicamente en el colegio, sino que requiere del compromiso de las familias y del conjunto de la sociedad. Cuando los niños y jóvenes observan que la violencia puede utilizarse como mecanismo para resolver conflictos o como herramienta de acción política, o cuando se transmite la idea de que las reglas y compromisos pueden incumplirse sin consecuencias, no es posible esperar que eso permanezca ajeno a las escuelas.

Los colegios no son espacios aislados: son, en muchos sentidos, un reflejo de lo que ocurre fuera de ellos. Precisamente por eso, es necesario reafirmar que la violencia no puede tener cabida en nuestras comunidades educativas y que resguardar un clima adecuado para los aprendizajes es, y debe ser, una prioridad.

Por Constanza Lara, directora Legal de Acción Educar