Columna de Emilio Oñate: Frenesí Constitucional

En los últimos días voces de distintos sectores han criticado el trabajo realizado por la Convención Constitucional (CC). Críticas que han tenido como aliciente las mediáticas discusiones y desacuerdos públicos suscitados entre los propios constituyentes, sumado al punto de prensa convocado en las dependencias donde sesiona la Convención a las que concurrieron dos convencionales con corpóreos de la “Tía Pikachu” y de un dinosaurio. Además de las controversias derivadas de los gastos, asignaciones y uso de vehículos para el traslado de los Convencionales. Todos estos hechos en las cinco semanas desde su instalación (leyó bien, 5 semanas desde que los Convencionales Constituyentes se instalaron) han sido intensamente promovidos en las redes sociales y han tenido extensas coberturas en los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, aunque con bastante menor cobertura mediática, la CC el mismo día de su instalación -4 de julio- eligió presidencia y vicepresidencia las que han sido complementadas con siete vicepresidencias más, en las que hay Convencionales de distintos sectores y sensibilidades, y dos de las cuales integran constituyentes indígenas de escaños reservados.

La Convención además ha constituido ocho comisiones provisorias con sus respectivos coordinadores, estas instancias provisoriamente son: 1. Reglamento; 2. Ética; 3. Presupuestos; 4. Comisión de Participación y Consulta Indígena; 5. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición; 6. Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial; 7. Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial; y finalmente 8. Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia. Cada una de estas comisiones ha convocado a audiencias públicas y han recibido sugerencias y propuestas desde distintos sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, en la Comisión de Reglamento se presentaron más de cien intervinientes, tales como ONG, Universidades, y diferentes académicos y expertos.

Aprobaron las normas básicas para su funcionamiento provisional, donde se establecen criterios para la integración de esas comisiones, así como estándares de paridad de género para coordinar cada una de ellas. Se determinó también un plazo de treinta días corridos para que las comisiones evacúen sus propuestas al Pleno. La Comisión del Reglamento de funcionamiento de la Convención, es en mi opinión la más relevante en esta etapa, y acordó presentar una propuesta a la instancia plenaria el 19 de agosto, que considere: a) Estructura de la Convención, creación de comisiones temáticas, jerarquías y responsabilidades; b) Derechos, deberes, funciones y atribuciones; c) Organización del proceso de deliberación y decisión; d) Mecanismos de participación popular; e) Normas de inclusión, interculturalidad, plurinacionalidad, igualdad de género y descentralización; f) Organización de la secretaría técnica; g) Herramientas para la elaboración de contenidos; h) Presupuesto adecuado para estos objetivos; i) Mecanismos que aseguren a los pueblos y naciones originarias la participación efectiva, vinculante y continuada, conforme a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, la Convención conformó un Comité Externo de Asignaciones, tal como se dispuso en la reforma constitucional al Capítulo XV de la Constitución aún vigente (inciso final del artículo 134). Conviene destacar que este comité es un órgano independiente a la Convención y su función es velar por la transparencia, probidad y buen uso del presupuesto destinado a asignaciones. Éste estará integrado por cinco funcionarios o funcionarias de carrera, que cuenten con la máxima calificación en las últimas tres evaluaciones anuales y un mínimo de cinco años de experiencia ininterrumpida en las siguientes reparticiones públicas: Contraloría General de la República, Consejo para la Transparencia, Tesorería General de la República, Cámara de Diputados y Senado.

Conviene destacar que las asignaciones no constituyen sueldo o remuneración para los Convencionales, sino que son recursos destinados al ejercicio propio de su función, tales como asesorías, viajes, traslados y viáticos (en el caso de estos últimos, si no son utilizados deben ser devueltos). Como referencia, a los parlamentarios se les fija por concepto de asignaciones un monto superior a los 12 millones de pesos, de ahí que la propuesta recientemente aprobada en la Convención de subir la asignación original de 1,5 millones de pesos a 4 millones y las críticas surgidas por esto, parece realmente irrisoria, en especial si se piensa que su remuneración o sueldo, fijado en la reforma constitucional, es de 50 Unidades Tributarias Mensuales. Algo así como 2.600.000 pesos, el que no ha tenido modificación o incremento alguno.

Es verdad que han existido episodios parafernálicos y poco republicanos entre algunos Convencionales, pero estos son muy reducidos en comparación con la enorme tarea a la que se han abocado la inmensa mayoría de ellos, de generar una nueva institucionalidad, una estructura reglamentaria provisoria y operativa que les permita desarrollar adecuadamente su única pero trascendental función, aprobar y proponer una nueva Constitución al país. De la cobertura de algunos medios de comunicación y de las opiniones vertidas por algunos sectores se vislumbra cierto interés en destacar lo negativo y la supuesta falta de avance en la elaboración del nuevo texto constitucional, comentarios que parecen olvidar que las y los 155 Convencionales asumieron sus funciones sin una estructura institucional que los acogiera o les diera el soporte suficiente para desarrollar su tarea, es en este contexto en el que también parece propicio recordar esa celebre frase, “Dejad que los perros ladren… que es señal de que avanzamos”.

*Esta columna fue escrita por Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central.

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