SEÑOR DIRECTOR:

El Sr. Jorge Burgos me ha acusado, en su columna de opinión, de haber imputado la manipulación del Informe Anual de Derechos Humanos 2019 del INDH, lo que ayudó al proceso de “demolición” de la institución.

El columnista usa un argumento similar, ya refutado por 500 colegas de su profesión en una reciente declaración a propósito del Apruebo, al utilizar frases genéricas sin fundamentarlas, para imponer, en este caso, una interpretación ideológica sobre la gestión de su amigo y camarada, director del INDH, Sergio Micco.

Su argumento es que se “vive el ocaso de una institución de enorme gravitación pública”, de alta importancia en los hechos del 18 de octubre y la protección de la democracia. Aunque agrega que el INDH ha tenido “una visión sesgada de los DD.HH. por parte de algunos sectores políticos”, que “al ver amenazados espacios que por años han sido capturados” hacen de todo para derribar “un mínimo de atisbo de pluralismo y autonomía”. Para Burgos, el INDH solo ha sido gravitante desde la llegada de Micco, pues antes estuvo “capturado”.

Sobre la composición del Consejo, olvida mencionar que dos miembros son nombrados por el o la Presidenta, lo que relativiza la autonomía del INDH; si la autoridad es colectiva o unipersonal, hay en los INDH del mundo diversos modelos de gestión.

Como ex jefe de la Unidad de Estudios (ADP), solo me cabe afirmar que desde la llegada de Sergio Micco a la dirección, impuso (por la mayoría de un voto) que las jefaturas fuesen de confianza para no ser contradicho; su idea de pluralismo ha sido el cuoteo de funcionarios para expresar el binominalismo del Consejo. Respecto de mi “imputación”, debo decir que la justicia ha sentenciado, en primera instancia, que Sergio Micco “ha incurrido en hechos constitutivos de discriminación con ocasión del despido”, pues efectivamente hubo un grupo externo sin contrato (de “sensibilidad” DC, UDI y RN) que intervino la elaboración del borrador del informe 2019, por sobre las atribuciones de la unidad que yo dirigía; denuncia que me costó el posterior despido.

Osvaldo Torres Gutiérrez

Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile