Para cualquier país, la posibilidad de que un connacional ocupe la Secretaría General de Naciones Unidas representa una chance de incrementar influencia a nivel global. Tal posibilidad emerge de una suma de circunstancias comparables a la elección de un Papa, donde el resultado a menudo sorprende y se aleja de explicaciones simplistas.

En efecto, hasta que el panorama se define en una fumata blanca, muchos factores operan (el contexto global, el carisma de los candidatos y sus condiciones personales para administrar una institución gigantesca, las relaciones personales al interior del colegio electoral, el clamor de regiones subrepresentadas en previas administraciones). Algo parecido sucede en Naciones Unidas, con la diferencia de que el cónclave virtual allí se extiende por casi un año y tiene algunos aspectos públicos.

Los candidatos oficialmente inscritos son hoy solo dos: el argentino Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y la chilena Bachelet, también candidata de Brasil y México, y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH. y exdirectora de ONU Mujeres. Otras candidaturas (como Costa Rica y Líbano) no se han concretado aún.

El debate local sobre la postulación de Bachelet -formalizada esta semana pero anunciada en septiembre del año pasado durante la última Asamblea General- se ha centrado en si la misma constituye un inaceptable “amarre” del gobierno saliente respecto del entrante. La respuesta obliga a considerar circunstancias esenciales.

Lo primero es que la inscripción de una candidatura por parte de un grupo de Estados es preferible a la nominación individual; y este primer escenario puede inhibir a otros interesados de concretar su postulación. La labor de la Cancillería chilena para gestar una inscripción tripartita con los dos países más relevantes de la región constituye entonces una jugada estratégica de apertura que había que tomar de forma temprana, para que los frutos aparezcan en los meses venideros. Dejar pasar la posibilidad de la inscripción grupal anticipada habría reducido absurdamente las chances de una postulación que ahora parte de forma competitiva.

A este espaldarazo inicial se suman otros aspectos. Los secretarios generales suelen venir de países medianos o pequeños cuya diplomacia se ha mostrado capaz de articular diálogo. Aquí, Europa occidental ha prevalecido (Austria, Suecia, Noruega, Portugal) por sobre Asia (Corea del Sur, Myanmar) y África (Ghana, Egipto), quedando América Latina al rezago, con un único precedente (Perú). Por mucho que no pueda descartarse la inscripción de candidatos de otras regiones, esto favorece una propuesta latinoamericana. En este contexto, la habilidad de la diplomacia chilena, bien situada a nivel global, no debe soslayarse. La red de tratados comerciales más amplia del mundo -logro nacional poco conocido entre nuestra ciudadanía- es prueba de su capacidad.

A este escenario hay que agregar que, objetivamente, más allá de toda percepción nacional sobre sus mandatos presidenciales, Bachelet resulta ser una figura popular a nivel de la membresía de la organización (193 países). Además, el movimiento en favor de que el próximo liderazgo en la organización lo asuma una mujer ha ganado fuerza en la última década.

El escenario es dinámico y no hay garantía de éxito, pero Chile está situado para un buen papel. Que el nuevo gobierno retire su apoyo a la candidatura dejaría a Chile como un país poco serio, sin política de Estado en materia clave, y al nuevo gobierno como falto de perspectiva. Para la administración entrante no sería un buen debut.

Por Paz Zárate, abogada internacionalista