Por Sergio Soza y Manuel Valenzuela, investigadores del Programa de Estado, Instituciones y Bienestar de Flacso Chile

El fin de semana pasado, las directivas de los tres partidos que conforman Chile Vamos declararon públicamente que adoptarán la opción “Rechazo” en el plebiscito de salida del proceso constituyente. Entre los varios argumentos que los timoneles esbozan para defender su posición resalta la crítica según la cual la Convención Constitucional falló en construir lo que debía ser “la casa de todos”. Estos argumentos refieren, o aspiran a referir, al contenido de la Constitución y, por lo tanto, parecen representar una crítica de nuevo cuño. No obstante, es posible rastrear su genealogía varios meses atrás, desde el inicio del proceso constituyente.

Pese a su aparente novedad, el origen de esta crítica se construyó desde el comienzo del proceso constituyente, sobre la base de una supuesta “distorsión electoral”. De acuerdo a los críticos, esta distorsión, motivada por la inclusión de independientes y escaños reservados, habría conducido a un proceso constitucional excluyente y unilateral. En esta columna, se intenta refutar la que, a nuestro juicio, es la mejor versión de dicha crítica; a saber, que, con independencia de los mecanismos que gobernaron su elección, la Convención Constitucional se encuentra, en virtud de su composición, incapacitada para representar los anhelos de una minoría relevante del país. De acuerdo a esta tesis, la composición de la Convención Constitucional, lejos de ser un espejo de la sociedad chilena, es una imagen distorsionada de ella, pues los partidos de derecha han terminado muy por debajo de sus resultados históricos. En consecuencia, estos, que se veían a sí mismos como expresivos de una cultura política que aglutina entre un tercio y dos quintos del país, estimaban que la Convención no estaba en condiciones de expresar, en su justa medida, esta sensibilidad.

En nuestra opinión, si es atendida con cuidado, esta crítica no resiste escrutinio. Consideremos primero el aspecto institucional: si observamos el proceso de formación de las reglas que determinaron el mecanismo de elección, vemos que estas fueron fijadas de común acuerdo, en un espacio en el que la derecha política poseía, de hecho, capacidad de veto. Tampoco desde el punto de vista del resultado puede decirse que la derecha fue injustamente perjudicada. Habiendo obtenido solo un 20,6% de la votación para los escaños generales, la derecha obtuvo el 26,8% de dichos escaños. ¿Y el efecto de los escaños reservados y listas de independientes? Es cierto que su existencia permitió que más actores ingresaran a la Convención, pero eso disminuyó tanto los escaños de la oposición como de las otras coaliciones. En ese escenario, la práctica ausencia de posiciones de derecha entre independientes y pueblos originarios es un problema político, no institucional.

Consideremos ahora un aspecto teórico crucial: esta crítica se funda en el supuesto de que una composición representativa de la Convención debiera ser consistente con las preferencias históricas del electorado. Esta creencia pasa por alto que la población es capaz de ponderar las atribuciones que un cargo otorga en su decisión electoral. Es, por ejemplo, totalmente comprensible el votar por una lista de concejales diferente a la que escogería si la elección fuese parlamentaria, pues con mi voto otorgo un mandato diferenciado, y es razonable requerir elencos distintos para tareas diferentes.

De lo anterior se desprende que la crítica sobre la representatividad de la Convención no resultaba sostenible ni aún en su versión más depurada. En lugar de insistir en ella, la actual oposición tiene, por fin, la oportunidad de dar sustancia a una crítica fundada en el contraste entre el texto mismo y la visión de mundo que les es propia.

Sin embargo, las campañas son campañas y no se juegan siempre en el campo de las mejores razones. Así, la coalición de sectores que asumirá la responsabilidad de defender el cambio constitucional deberá usar no poca energía e ingenio para disipar la campaña de desinformación y miedo que rodea al proceso constituyente. Para lograrlo, debe –ante todo– evitar poner en riesgo la integridad del documento y volver a hablar de los contenidos de la nueva Constitución, del conjunto de limitaciones heredadas con las que termina, de cómo esto fortalece la deliberación democrática y, por sobre todo, del impacto que muchos de sus artículos pueden tener para la vida cotidiana de las personas.