Gobierno y “presos políticos”

Resulta fundamental que desde el propio gobierno se abandone definitivamente la idea de que en Chile hay presos políticos, por las graves implicancias que conlleva una afirmación de esa naturaleza.



Los recientes dichos de la ministra de Desarrollo Social, quien afirmó categóricamente que en Chile hay presos políticos, han vuelto a abrir un flanco de polémica para el gobierno, en que nuevamente ha sido necesario salir a desmentir afirmaciones de esta naturaleza. La gravedad de ello dista de limitarse a un error comunicacional, sino que supone una acusación gravísima hacia todo el sistema judicial, que consentiría en encarcelar a personas por su ideología política o por actuar en contra de los intereses de un determinado gobierno.

Sin perjuicio que por instrucciones emanadas desde La Moneda la ministra rápidamente tuvo que salir a corregir sus aseveraciones -”hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos”-, y la propia vocera de gobierno debió salir a aclarar que en Chile “no hay presos de conciencia”, el episodio ilustra las dificultades que ha tenido esta administración para desterrar una convicción que todavía parece permear en varias capas del gobierno.

Anteriormente la propia ministra del Interior había hablado de “presos políticos”, en tanto que la ministra de Justicia fue objeto de fuertes críticas por su ambigüedad al responder si Celestino Córdova -sentenciado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay- era un preso político o no, lo que también motivó a una rectificación de su parte, aclarando que era un preso común.

Quienes promueven la noción de que en Chile hay presos políticos, no calibran que una afirmación de esa naturaleza coloca al país al mismo nivel de las dictaduras o regímenes autoritarios que hoy proliferan en la región, en donde documentadamente hay cientos o miles de personas encarceladas precisamente por ser opositoras a dichos regímenes, lo que es posible gracias a que los sistemas judiciales de dichos países carecen de la más elemental independencia, y solo sirven a los intereses de las cúpulas gobernantes. De allí que la existencia de presos políticos es simplemente incompatible con una democracia fundada sobre el Estado de Derecho y respetuosa de las garantías fundamentales, lo que pone de relieve la irresponsabilidad de hacer afirmaciones como las que han formulado algunos personeros de gobierno.

Ahora que el tema del orden público ha pasado a ser uno de los mayores desafíos de la actual administración -para estos efectos el propio Mandatario ha convocado a todas las fuerzas políticas a un gran acuerdo nacional por la seguridad- es fundamental que no siga dando señales erróneas o equívocas en esta materia, particularmente en lo que se refiere a intentar justificar políticamente hechos de violencia que no son otra cosa que graves delitos comunes, para los cuales solo cabe una respuesta inequívoca. Cabría esperar que a partir de las precisiones que ha hecho la vocera de gobierno, así como la contundente clarificación de la Corte Suprema -al señalar que quienes están en prisión por hechos ocurridos en el marco del estallido social lo están en virtud de haber cometido delitos, y no por su pensamiento- la coalición de gobierno dé por cerrado este capítulo y no continúe incurriendo en estas desconcertantes ambigüedades.

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